PARTIDOS POLÍTICOS PEQUEÑOS

Dr. Carlos Araya Guillén

Exdiputado

¿La normativa del sistema electoral costarricense estará llevando, poco a poco, El sistema electoral costarricense está llevando, poco a poco, a la desaparición de los partidos pequeños inscritos a escala nacional?

Esta tendencia se torna evidente en los resultados de las recientes elecciones nacionales de febrero de 2022, para elegir Presidente, Vicepresidentes de la República y diputados, en las cuales participaron 19 partidos considerados pequeños. Algunos ya conocidos en la lucha electoral, otros nuevos en el escenario político costarricenses.

A pesar del esfuerzo realizado por sus legítimas autoridades, la gran mayoría no logró elegir diputados a la Asamblea Legislativa ni superar el umbral del 1% de los votos para su papeleta presidencial. La excepción fue el emergente partido Progreso Social Democrático (PPSD) que consigue elegir 10 legisladores y ganar, en segunda vuelta, las elecciones nacionales. En opinión de entendidos, no por sus cuadros organizativos, estructura partidaria y apoyo popular como partido en sí, sino por las características personales y profesionales de su candidato presidencial el doctor Rodrigo Chaves y de la reconocida periodista Pilar Cisneros. Sin dejar de considerar los malos gobiernos anteriores y los actos de corrupción harto conocidos.

En dichas elecciones, los números también manifiestan que los afiliados o seguidores siguen dándole su voto a los partidos grandes. Los electores se dejan llevar por su fidelidad partidaria - todavía las hay -, la masiva, millonaria y bien elaborada propaganda y estrategias de comunicación que inducen a apoyar a sus candidatos, aunque existieren acusaciones de corrupción y otros delitos de sus principales dirigentes.

Y es esta realidad numérica la que actúa, además, en perjuicio de las agrupaciones pequeñas, pues solo los partidos grandes logran acceder al financiamiento estatal previa evaluación de sus gastos electorales realizada por el Tribunal Supremos de Elecciones (TSE), dejando en desventajas a las organizaciones pequeñas.

Conviene recordar aquí, que de conformidad con el artículo 96 constitucional el Estado contribuye a sufragar los gastos electorales en que incurran los grupos políticos, siempre y cuando, alcancen al menos un 4% de la votación nacional o elijan un diputado o diputada. Este derecho a la ayuda económica lo disfrutan, históricamente, los partidos grandes, no así, los partidos pequeños que quedan endeudados y sin poder redimir las facturas de sus gastos financieros ni los bonos colocados durante la campaña electoral. Tampoco tienen derecho de financiar la formación política, técnica o ideológica-programática, así como, la logística administrativa ni los insumos necesarios para llevarlas a cabo.

Para ilustrar lo anterior, en las elecciones nacionales de febrero de 2022, la repartición del dinero público ( 19.790 millones de colones ), entre los partidos grandes, quedó de la siguiente manera: En manos Partido Liberación Nacional (6 MIL MILLONES), Progreso Social Democrático (3.657 MILLONES), Unidad Social Cristiana (2.700 MILLONES), Nueva República (2.870 MILLONES), Liberal Progresista ( 2.468 MILLONES) y Frente Amplio (1.960 MILLONES). Los únicos 6 partidos con presencia legislativa. Los restantes 19 partidos, todos pequeños inscritos a escala nacional, ni eligieron representación en los puestos de elección popular ni lograron contribución estatal. Solo dos partidos provinciales alcanzaron el 4%: Unión Guanacasteca (55 millones) y Recuperando Valores de Limón (49 millones), aunque no eligieron diputado.

No obstante, las limitaciones apuntadas, en nombre de la llamada “democratización de nuestro sistema político, defendida por unos y objetada por otros, el número de agrupaciones continúa aumentando, a escala Nacional, Provincial y Cantonal.

¿Valdrá la pena en nombre de la llamada democratización de nuestro sistema político, continuar fundados partidos