“Para no afectar inversión en obra pública, es urgente una mayor transparencia”: Carlos Montenegro

Para evitar que Costa Rica pierda competitividad y que se dé un deterioro acelerado de las carreteras, es urgente que se garantice una mayor fiscalización de los procesos de licitación de obras públicas, según Carlos Montenegro, Director Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

Y es que a raíz del caso “Cochinilla”, que supuestamente implicó la entrega de dádivas y sobornos a funcionarios del MOPT y el Conavi, las carreteras nacionales cumplirán en diciembre seis meses sin mantenimiento, lo cual, se traduce en un deterioro acelerado.

Paralelamente, los casos de “Diamante” relacionado con caminos cantonales y la investigación conocida como “Azteca” -sobre licitaciones públicas en el AYA-, dejan al descubierto la urgente necesidad de incrementar los controles, según el empresario.

¿Cómo garantizar una mayor transparencia sin afectar la inversión en obra pública?

Más bien para que no se afecte la inversión, lo que debe haber es mayor transparencia en todo el proceso a fin de reducir o eliminar los posibles focos de corrupción.

Simplificar los procesos de contratación y realizarlos por medio de la plataforma SICOP para evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la toma de decisiones y garantizar mayor transparencia en el proceso desde la presentación de ofertas, hasta la adjudicación de las obras.

¿Qué medidas se deben poner en práctica para evitar que los casos de corrupción impacten en la inversión de obra pública?

A partir de los casos que se han presentado, se deben fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y supervisión de todo el proceso de licitación y ejecución de las obras públicas, cerrando los portillos que se han detectado y particularmente, limitando o ejerciendo mayores controles sobre la capacidad discrecional que puedan tener mandos medios en todo ese proceso.

Adicionalmente se debe promover una mayor competencia, más oferentes que no pertenezcan al mismo grupo de interés económico, para limitar el efecto que un posible acto de corrupción pueda tener, en forma significativa, sobre un conjunto de obras públicas al estar concentradas en pocas empresas.

Han pasado casi seis meses desde que se dio a conocer el escándalo “Cochinilla” y desde entonces se suspendieron los contratos de mantenimiento vial y lo peor de todo, es que todavía no se han adjudicado, ¿qué opina?

Es previsible que en un primer momento se suspendan obras.

Sin embargo, también es cierto que la institucionalidad pública (MOPT y CONAVI particularmente) ha demostrado su falta de capacidad para reaccionar rápidamente y dar una respuesta para que el mantenimiento vial no se retrase demasiado.

Además, hay que tener claro que entre más tiempo pase, el deterioro de las vías será mayor y por tanto, el costo de reparación subirá.

¿Se justifica dejar por fuera de procesos de licitación a las empresas que han sido señaladas por casos de corrupción?

Aunque en principio pueda resultar razonable ante la opinión pública limitar la participación de las empresas señaladas en casos de corrupción, lo cierto es que mientras no haya resolución judicial condenatoria, se debería aplicar el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, lo que implica, que desde el punto de vista legal, se puedan plantear apelaciones y otras acciones que efectivamente conducirían al retraso o paralización de la inversión en obra pública.

En días pasado, se desmanteló una banda criminal, supuestamente narco, que habría reclutado a 14 funcionarios del AYA, además del caso “Diamante” con obra pública en caminos cantonales. ¿Se requieren mejorar los controles en las licitaciones públicas?

Efectivamente, como se señaló anteriormente, es necesario mejorar todo el proceso de inversión en las obras públicas, incluyendo claramente la fiscalización en todas las partes de ese proceso.