País falla en prevención de desastres
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 20 octubre, 2008
Centros de atención y albergues no son aptos para enfrentar emergencias
País falla en prevención de desastres
• De los 29 hospitales públicos, solo el San Rafael de Alajuela cumple con los requerimientos modernos para enfrentar incendios y sismos
Ernesto José Villalobos
evillalobos@larepublica.net
El 2005 fue el último año durante el cual se construyó una obra civil con el objetivo de prevenir los embates de la naturaleza. Un dique en el río Matina en Limón.
Esta situación evidencia que el país hace poco para prevenir emergencias.
Cerca de un 80% de los lugares que sirven de albergue para quienes son evacuados ante un desastre, no se encuentran en las mejores condiciones o están localizados en sitios propensos a derrumbes, deslaves e inundaciones.
En forma similar, la maquinaria con que se atienden los desastres data de 15 ó 20 años atrás, lo cual las expone a sufrir fallas en el momento de atender una crisis.
A esto se suma la ineficiencia a la hora de canalizar los recursos que se destinan a la resolución de emergencias.
Durante el periodo 2007-2008, las pérdidas ocasionadas por los desastres naturales superaron los ¢61.647 millones. No obstante, a la fecha solamente se han ejecutado poco más de ¢23.800 millones para restaurar los daños.
Cada vez que el agua se lleva un puente, el Estado debe invertir entre $14 mil y $17 mil por cada metro de la estructura.
La vulnerabilidad en la que se encuentra el país afecta directamente al sector productivo.
“Cuando una crecida afecta una región productora, los efectos pueden ser mayores a lo que se puede imaginar”, dijo Sergio Navas, director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Costa Rica.
A principios de 2008, el cierre de la ruta Interamericana Sur durante 48 horas generó pérdidas millonarias para el sector piñero.
“Lo que no se perdió fue porque los empresarios lograron sacarlo por otras vías. En dos días los piñeros de la zona debieron invertir $300 mil, en transporte y refrigeración”, explicó Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Piña.
La ausencia de planes reguladores, en la gran mayoría de las municipalidades, empeora el panorama. Más de 20 mil viviendas están ubicadas en sitios de riesgo de inundación o deslave.
“Frente a esto no hay nada que podamos hacer, más que llamar la atención de las municipalidades”, aceptó Daniel Gallardo, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
Otro aspecto por considerar es que de los 29 hospitales públicos solo el San Rafael de Alajuela cumple con los requerimientos modernos para enfrentar incendios y sismos.
El resto de los hospitales tienen estructuras muy viejas que obligarán a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a invertir $900 millones en su reforzamiento, en las próximas dos décadas.
Actualmente los planes de evacuación de pacientes de los principales centros de atención, son mejorados con el propósito de evitar complicaciones. Así lo confirmó el Departamento de Infraestructura Institucional de la CCSS.
A pesar de que la realidad nacional demanda acciones concretas, la prevención que se lleva a cabo se limita a acciones como firma de convenios, programas educativos y promoción del voluntariado.
País falla en prevención de desastres
• De los 29 hospitales públicos, solo el San Rafael de Alajuela cumple con los requerimientos modernos para enfrentar incendios y sismos
Ernesto José Villalobos
evillalobos@larepublica.net
El 2005 fue el último año durante el cual se construyó una obra civil con el objetivo de prevenir los embates de la naturaleza. Un dique en el río Matina en Limón.
Esta situación evidencia que el país hace poco para prevenir emergencias.
Cerca de un 80% de los lugares que sirven de albergue para quienes son evacuados ante un desastre, no se encuentran en las mejores condiciones o están localizados en sitios propensos a derrumbes, deslaves e inundaciones.
En forma similar, la maquinaria con que se atienden los desastres data de 15 ó 20 años atrás, lo cual las expone a sufrir fallas en el momento de atender una crisis.
A esto se suma la ineficiencia a la hora de canalizar los recursos que se destinan a la resolución de emergencias.
Durante el periodo 2007-2008, las pérdidas ocasionadas por los desastres naturales superaron los ¢61.647 millones. No obstante, a la fecha solamente se han ejecutado poco más de ¢23.800 millones para restaurar los daños.
Cada vez que el agua se lleva un puente, el Estado debe invertir entre $14 mil y $17 mil por cada metro de la estructura.
La vulnerabilidad en la que se encuentra el país afecta directamente al sector productivo.
“Cuando una crecida afecta una región productora, los efectos pueden ser mayores a lo que se puede imaginar”, dijo Sergio Navas, director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Costa Rica.
A principios de 2008, el cierre de la ruta Interamericana Sur durante 48 horas generó pérdidas millonarias para el sector piñero.
“Lo que no se perdió fue porque los empresarios lograron sacarlo por otras vías. En dos días los piñeros de la zona debieron invertir $300 mil, en transporte y refrigeración”, explicó Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Piña.
La ausencia de planes reguladores, en la gran mayoría de las municipalidades, empeora el panorama. Más de 20 mil viviendas están ubicadas en sitios de riesgo de inundación o deslave.
“Frente a esto no hay nada que podamos hacer, más que llamar la atención de las municipalidades”, aceptó Daniel Gallardo, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
Otro aspecto por considerar es que de los 29 hospitales públicos solo el San Rafael de Alajuela cumple con los requerimientos modernos para enfrentar incendios y sismos.
El resto de los hospitales tienen estructuras muy viejas que obligarán a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a invertir $900 millones en su reforzamiento, en las próximas dos décadas.
Actualmente los planes de evacuación de pacientes de los principales centros de atención, son mejorados con el propósito de evitar complicaciones. Así lo confirmó el Departamento de Infraestructura Institucional de la CCSS.
A pesar de que la realidad nacional demanda acciones concretas, la prevención que se lleva a cabo se limita a acciones como firma de convenios, programas educativos y promoción del voluntariado.