Solo 443 empresas de seguridad están autorizadas para prestar servicios de protección, número que representa solo un 28% de las mismas entre las que se tienen registradas

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Pagan justos por pecadores

En un ambiente de desorden y falta de controles en muchos casos es como funciona en el país un sector cada vez mayor, como el de las empresas de servicios de seguridad privada.
Estas nacieron como una necesidad de la sociedad civil que iba en aumento, pero no contaba con el correspondiente incremento y formación de quienes debían brindarle eficientes servicios públicos de seguridad.
Esa fue la política pública que, al respecto, se siguió en Costa Rica gobierno tras gobierno.
En un país como el nuestro, en donde no se gasta en mantener a un ejército, no fueron capaces (o no hubo voluntad política) las administraciones de formar y mantener una eficiente fuerza pública que evidentemente necesitábamos y necesitamos.
Es así como hemos llegado a una situación en la que hoy tan solo 443 empresas de seguridad están autorizadas para prestar servicios de protección, número que representa solo un 28% de las mismas entre las que se tienen registradas.
Es decir, el objetivo inicial tampoco se cumple porque cualquier establecimiento podría estar desprotegido aunque haya contratado servicios de seguridad. Y el mismo riesgo es para viviendas u otros espacios.
La situación es realmente preocupante porque lo que no se hizo a lo largo de décadas no se puede subsanar ahora en poco tiempo y menos en una condición fiscal como la que tenemos.
Más de 1.000 empresas no están autorizadas para operar por incumplimiento en la forma de hacerlo o por problemas de documentación.
No cuenta el país con el personal suficiente para vigilar y supervisar estas compañías.
Son muchas las preguntas e inquietudes que surgen. ¿Existe una base de datos única que informe sobre las personas físicas registradas como agentes y sobre los procesos sancionatorios que se hayan llevado a cabo? ¿Se han tomado las medidas para que haya un control eficaz de la importación de armas que las empresas hacen? ¿Se están utilizando las modernas herramientas actuales para ejercer control sobre un caso en general tan delicado?
Además del peligro evidente para el país como tal, por la situación actual en materia de seguridad (pública y privada), se produce un perjuicio a las empresas que ofrecen este servicio y que sí operan en el marco de la ley sin cometer ninguna irregularidad.
Es este un tema que no requiere diagnósticos sino actuaciones para, al menos, comenzar a corregir el acumulado de problemas ocasionados por políticas equivocadas.