Otto Guevara: “Municipios, Poder Judicial y U estatales abusan de ley de empleo público”

Los puestos de choferes, misceláneos, oficinistas, secretarias y guardas de seguridad entre otros, no pueden ser considerados como “exclusivos y excluyentes” de la ley de empleo público y por ello, el presidente Rodrigo Chaves debería insistir en meter en cintura a todas las instituciones que tratan de abusar de la nueva normativa, según el exdiputado Otto Guevara.

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Y es que no se justifica que personal del Estado con labores convencionales e iguales al resto de burócratas, ganen más que sus homólogos, solo por trabajar en un municipio, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones o una universidad pública.

“Yo espero que el gobierno insista en aplicar una misma escala salarial para todos los empleados que no sean exclusivos y excluyentes. Tanto el Poder Judicial, como el TSE, como las universidades y las municipalidades están abusando del portillo que dejó abierta la ley. Jamás puede considerarse un chofer, un guarda, un conserje, una secretaria o un oficinista como un puesto exclusivo y excluyente. Todas esas personas deberían estar ganando lo mismo en el sector público, sin importar en qué institución se encuentren”, dijo Guevara.

Con una gran incógnita sobre el verdadero ahorro que significará para los costarricenses, el viernes anterior entró a regir la ley de empleo público; la cual, promete frenar la bola de nieve que significan los pluses salariales de los burócratas. 

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Se trata de la reforma más importante en materia de remuneraciones en más de 50 años y posiblemente de la historia para Costa Rica, ya que prohíbe la creación de nuevos pluses, frena el crecimiento de los incentivos actuales y establece un salario máximo por puesto para todo el Estado.

En principio, la ley permitiría un ahorro anual de ¢309 mil millones; sin embargo, la actitud rebelde de más de 50 instituciones amparadas en un portillo legal que abrió la Sala IV en torno a la autonomía, desinfló el impacto de la normativa.

Ahora, los cálculos más favorecedores rondan el 65% de lo estimado inicialmente; es decir, unos ¢200 mil millones al año, de acuerdo con Daniel Suchar, analista financiero. El gobierno declinó mencionar un objetivo en términos de una meta de ahorros.

Y es que al declarar sus puestos únicos, las instituciones pueden definir sus propias normas y escalas salariales máximas.

En los casos en que un funcionario devengue más del salario global establecido, la ley prohíbe los aumentos por incentivos, pluses o cualquier otra categoría.

En ese sentido, detener el gasto en remuneraciones que hace el Estado es fundamental, si se considera que hoy día, Costa Rica es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que más dinero invierte de lo recaudado en tributos porcentualmente.

En este momento, países como Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Colombia invierten un 25% en promedio, mientras que nuestro país gasta la mitad de lo que recauda para pagar el salario de los burócratas.

Al año, se invierten más de ¢2,6 billones en salarios para el gobierno central y esa cifra se duplica con todas las instituciones autónomas.