Otto Guevara: “Fiscalía hizo un papelón por persecución política contra Johnny Araya y Celso Gamboa”

El exdiputado y analista político Otto Guevara arremetió contra el Ministerio Público tras la absolución de Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith, al considerar que el caso siempre estuvo marcado por motivaciones políticas y una débil sustentación jurídica.

“¡Qué papelón el de la Fiscalía, y ni se diga el de la Procuraduría, que luego de que la Fiscalía solicitara la absolutoria, aun así siguiera adelante con su pretensión de una condena civil multimillonaria!”, expresó Guevara, quien calificó la acusación como “confusa, inacabada y sin conexión clara entre hechos y pruebas”.

El exlegislador cuestionó, además, el papel de la audiencia preliminar y criticó lo que consideró una pérdida de recursos públicos.

En síntesis, todo fue un papelón del Ministerio Público.

El señalamiento de Guevara se da luego de que, tal como se preveía tras la inusual solicitud del propio Ministerio Público de desestimar los cargos, el Tribunal Penal de Goicoechea absolviera este miércoles al exmagistrado de la Sala III, Celso Gamboa; al exalcalde de San José, Johnny Araya; y a la exfiscal subrogante, Berenice Smith, por el presunto delito de tráfico de influencias.

La causa se originó por la supuesta intervención de los acusados en 2016 para que la fiscala Natalia Rojas eliminara el nombre de Araya del sistema judicial, donde figuraba como imputado por un caso de influencia contra la Hacienda Pública. Según la tesis inicial de la Fiscalía, esta maniobra buscaba que Araya presentara una hoja limpia antes de las elecciones municipales de ese año, en las que resultó reelecto.

No obstante, en la fase final del juicio, el representante del Ministerio Público admitió que la acusación no precisaba de forma clara cuál habría sido la influencia ejercida, reconociendo así la falta de pruebas para sostener la versión original.

La Procuraduría General de la República también vio frustrada su pretensión de obtener una condena civil por casi ¢50 millones contra los acusados, pues el tribunal rechazó la demanda.

Para Guevara, este desenlace confirma que, más que un proceso judicial sólido, se trató de “una persecución política” que mina la confianza ciudadana en el sistema de justicia.