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Ortega advierte que gobernará por decretos

Managua
EFE

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, advirtió ayer que si sus adversarios paralizan el Parlamento de su país lo obligarán a gobernar por decreto para instalar los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Diputados liberales y sandinistas disidentes han amenazado con paralizar las labores de la Asamblea Nacional si el presidente de este organismo legislativo, el sandinista René Núñez, no manda a publicar en La Gaceta oficial una ley que considera ilegales a estos CPC.
“Yo creo que hacen mal algunos diputados, porque no son todos, en estar paralizando las labores de la Asamblea, porque al final a quien amenazan es al pueblo y al Gobierno no le hacen ningún daño”, dijo Ortega en una sorpresiva rueda de prensa.
Diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) rompieron el quórum dos veces la semana pasada en protesta porque Núñez se niega a mandar a publicar la ley sobre los polémicos CPC, por orden de un juez.
“Si paralizan la Asamblea me obligarían a mí a gobernar por decretos. Si no aprueban las leyes de beneficio para el pueblo, yo las voy a aprobar, y no quedará mas camino”, afirmó el líder sandinista.
Según Ortega, lo mejor es no llegar a la paralización de las labores del Parlamento y que los legisladores respeten el ámbito del Poder Judicial, que es donde se encuentra el asunto de los CPC, que él creo en enero pasado.
El gobernante reiteró que los CPC serán instalados oficialmente el próximo 30 de noviembre y anunció que dictará de nuevo los decretos para crear estos foros “para que no quede ninguna duda (sobre su legalidad)”.
“La nueva ley nada tendrá que ver con la otra (de enero pasado) para crear los Consejos. Y si los diputados no los aprueban, pues vamos a volver a dictar la ley y así vamos a estar, porque los CPC son una realidad en este país”, insistió Ortega.
Los opositores también consideran a los CPC como una reedición de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), creados en la década de 1980 para que funcionaran como “oídos y ojos” de la revolución popular sandinista y para controlar y vigilar a los ciudadanos.
Según la oposición, los polémicos CPC son coordinados por los secretarios políticos del gobernante Frente Sandinista y responden a un modelo importado no acorde con la democracia representativa y participativa establecida en la Constitución de Nicaragua.
El pasado día 20, el mismo día que el parlamento anuló la facultad a los CPC de funcionar como parte del Gobierno, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) admitió un recurso de amparo contra la decisión del Congreso de considerar ilegales a los Consejos, presentado por representantes de estas instancias.
El TAM, integrado por dos magistrados sandinistas y otro liberal, además de admitir el recurso de amparo ordenó al presidente del Parlamento no mandar a La Gaceta la ley que considera ilegales a los CPC.
Ortega enfatizó que luego de que el TAM admitió el recurso de amparo, el tema de los Consejos se encuentra en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que dirá la última palabra sobre los polémicos foros.

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