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Opositores presionan a Morales con bloqueos

Parte del sur de Bolivia está afectada por cortes en rutas nacionales e internacionales

La Paz
EFE

Grupos opositores comenzaron ayer a cortar las carreteras del sureste de Bolivia hacia Argentina y Paraguay para aumentar la presión sobre el presidente Evo Morales, en reclamo de la devolución de los ingresos petroleros a las regiones.
Gran parte del sur del país está afectado por cortes en rutas nacionales e internacionales porque, de forma simultánea a la acción de los opositores, campesinos afines a Morales mantienen desde hace seis días un bloqueo en Chuquisaca contra la gobernadora opositora de ese departamento, Savina Cuéllar.
La protesta de la oposición en la región conocida como Chaco, fronteriza con Argentina y Paraguay, tiene el respaldo de los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.
Los focos de mayor tensión están situados en las localidades de Villamontes, donde hay cuatro puntos de bloqueo, uno de ellos hacia Paraguay, y en Yacuiba, fronteriza con Argentina, donde el paso por el puente internacional ha sido interrumpido.
En el Chaco, territorio compartido por tres departamentos, está el 85% de las reservas de gas de Bolivia, que son explotadas por varias empresas trasnacionales, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras.
Los presidentes de los comités cívicos de Villamontes y Yacuiba, Felipe Moza y Guimer Beizaga, respectivamente, confirmaron a Efe el inicio de la medidas de fuerza, de carácter indefinido y que eventualmente pueden tener efectos sobre las operaciones petroleras en la zona.
De hecho, Moza sostuvo que en Villamontes los manifestantes han bloqueado las rutas que van hacia los pozos de gas Sábalo I, II, III y IV del “megacampo” San Antonio, operado por Petrobras.
Una fuente del sector petrolero confirmó a Efe que efectivamente hay un corte en el Puente Ustarez de la vía hacia San Antonio, pero comentó que eso no tendrá consecuencias en las operaciones del campo, salvo en el relevo de personal para el cambio de turnos.
San Antonio está protegido actualmente por 17 efectivos del Ejército para garantizar que no se interrumpan las operaciones de exportación de gas hacia Argentina y Brasil.
Los opositores no descartan extender sus medidas de presión a los campos petroleros, aunque el Gobierno decretó la noche del domingo que las autoridades que instiguen a ello serán enjuiciadas penalmente y pagarán los daños causados.
Los manifestantes reclaman al presidente Morales que devuelva a las regiones la renta petrolera reducida en enero pasado para pagar un bono a los mayores de 60 años.
El prefecto de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, dijo ayer en una rueda de prensa que el inicio de las protestas por la devolución de la renta petrolera es un movimiento que nace en las bases, con alcaldes y dirigentes regionales.
“Valoramos ese gesto y alentamos una situación de esperanza porque ahora los alcaldes y comités cívicos se dan cuenta de que (sus recursos) han sido cercenados y robados”, aseguró Costas.
También criticó el decreto que emitió Morales para frenar las protestas contra instalaciones petroleras.
“El que bloqueó el país ahora saca un decreto para que no se bloquee”, comentó Costas al señalar que el “mandatario fue el “principal bloqueador” de vías en Bolivia cuando era sindicalista.
Asimismo, acusó de “cinismo” y “doble moral” al Gobierno porque, a su juicio, no condena el bloqueo que los campesinos afines a Morales realizan en Chuquisaca contra la prefecta Cuéllar desde hace seis días.
Los campesinos de Chuquisaca reclaman a Cuéllar que reconozca las designaciones de subprefectos realizadas en asambleas sindicales y consideradas ilegales por la gobernadora.
Costas anunció que él y los otros prefectos opositores harán conocer mañana su posición sobre la situación del país, al adelantar su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno convoque por decreto al referendo necesario para validar el proyecto de nueva Constitución que impulsa Morales.
Varios sindicatos y movimientos sociales que se reunieron con el mandatario el fin de semana en Cochabamba (centro) solicitaron la promulgación de ese decreto, una medida que será analizada por el Gobierno esta semana.
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