Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 28 Agosto, 2017

Oportunidades, progreso y justicia
 

La apertura comercial y el adelanto tecnológico de las últimas tres décadas han generado un muy importante crecimiento de los ingresos y el bienestar y han sacado de la pobreza a muchos cientos de millones de personas. Pero también han generado —en muchas naciones desarrolladas y en desarrollo— un aumento de la desigualdad entre trabajadores de diferentes industrias, edades y habilidades.

Ello demanda una respuesta, y es muy diferente pretender igualdad de resultados para todos que tener como meta social que se multipliquen las oportunidades. Perseguir la igualdad de resultados obliga a bajar las aspiraciones al nivel de la persona con menores aptitudes para esa tarea, incrementar las oportunidades permite a todos tratar de triunfar en todas los actividades legales.

Se trata de evolucionar hacia un marco de convivencia en el cual rija la igualdad de oportunidades legales, pero no la igualdad de resultados. Un marco en el cual las personas físicas y sus creaciones jurídicas, puedan ejecutar las acciones que no estén prohibidas por reglas generales de buena conducta. Un marco en el cual haya libertad de emprender, de crear, de contratar, de competir y derecho de propiedad respetando las exclusiones dictadas por esas normas generales de buena conducta.

Este es el marco que elimina que las condiciones de vida sean determinadas por reglas estatutarias según la sangre, el oficio de los padres, el color, la religión u otras condiciones diferentes a la capacidad de las personas para realizar las diversas actividades.
Este es el marco inclusivo y participativo, que permite la evolución social donde las iniciativas exitosas desplazan las prácticas superadas por la creatividad, y donde su imitación y el libre intercambio permiten la participación de todas las personas en los avances que se van produciendo. Claro una participación diferenciada por las características, actitudes y circunstancias de cada cual.

Este es en fin, el marco social que en un estado de derecho permite la libre movilidad de las personas en la escala de posiciones económicas, políticas, sociales, artísticas.

El estado tiene una tarea fundamental que realizar para que las personas podamos vivir en una sociedad abierta, con oportunidades y movilidad social.

En primer lugar establecer el estado de derecho que defienda las libertades y la propiedad, y limite el poder de las instituciones públicas al cumplimiento de sus competencias, sujetas a la revisión judicial de sus decisiones y respetando las normas y garantías constitucionales. Claro que una de las tareas esenciales de esta atribución estatal es evitar la coacción de unas personas sobre otras, y —por supuesto— asegurar la libre entrada de todos a la producción y eliminar acuerdos y acciones que atenten contra la libre competencia.

También favorecer el acceso de todos a la herencia común de la cultura y el conocimiento, facilitar que cada persona adulta decida hasta qué nivel desea llegar en su educación y asegurar el acceso a los servicios de salud que le den ocasión al trabajador de labrarse su propio destino.

La fraternidad humana demanda también atender las necesidades de personas que por especiales condiciones requieran ayuda para alcanzar los niveles de bienestar, que las condiciones de desarrollo permitan eficientemente garantizar a todos.

Es mi opinión que la tarea más importante pendiente en Costa Rica para mejorar el acceso de todos a más y mejores oportunidades es la calidad y eficiencia de la educación pública. Desde el inicio de nuestra República, los fundadores de nuestro país tuvieron claro que la educación es la principal herramienta para nuestro desarrollo y la justicia social.

Pero no hemos cumplido la tarea de construir un sistema educativo que desarrolle las habilidades de los alumnos para que puedan aprovechar las oportunidades de nuestro mundo actual, a pesar de que esta prioridad sea tan contundente y a pesar de que se ha incrementado muy sustancialmente la cantidad y proporción de los recursos nacionales dedicados a la educación.

Lo que afirmo lo confirman las pruebas internacionales como PISA y las conclusiones de los diversos estudios de la OECD y del BID sobre el tema. Así del importante estudio de la OECD “La Educación en Costa Rica” presentado este mes de agosto destaco lo siguiente “Al término de la educación básica, 33% de los estudiantes costarricenses carece de competencias centrales y el 30% ya ha desertado. Para incrementar el aprendizaje de los estudiantes, la medida individual más poderosa que Costa Rica puede adoptar es establecer altos estándares para los docentes y apoyarlos a mejorar continuamente su práctica y enfocar el apoyo estratégico en aquellas escuelas que más lo necesiten.”

Las falencias son muchas y sobre ellas he venido escribiendo por varios años (WWW.rodriguez.cr): Falta de exámenes al nombrar docentes, sobre su conocimiento de la materia y sus habilidades para enseñar; falta de apoyo en el arte de enseñar para los nuevos docentes; falta de evaluación y de la capacitación que corresponda a los docentes en servicio; falta de cobertura en preescolar de las niñas y niños de familias de menor ingreso económico; falta de pertinencia y de relación con el trabajo de la educación para los jóvenes que no desean ir más allá del bachillerato; falta de cobertura de la educación terciaria; etc.

Esta es una tarea pendiente, fundamental para la justicia y el desarrollo de nuestro país.