“¡Oh!... ¿Y ahora quién podrá defendernos?”

Utilizo esta frase ya histórica en el ambiente cultural latinoamericano, creación del cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños, el popular Chespirito, para abrir este comentario con relación al papel que la Defensoría de los Habitantes de la República debería estar jugando en la sociedad costarricense de la actualidad; misma que, para el caso costarricense, presenta tres características imposibles de ignorar: a) la gente vota, pero no elige a sus gobernantes; b) la desigualdad en cuanto al ingreso y la concentración de la riqueza minan la confianza de la gente en su clase gobernante; c) la sociedad civil, aunque con buenos niveles organizativos en lo gremial-corporativo, muestra una espantosa desarticulación que abre el espacio para la facilitación de la acumulación y el fomento de la exclusión.

De manera ilusa, quizás, uno esperaría que la Defensoría de los Habitantes de la República se hubiese convertido en la figura de la institucionalidad pública destinada a la defensa de los y de las habitantes de la República quienes, en su abrumadora mayoría, están en alta vulnerabilidad de cara a los efectos negativos en el plano económico y social que se derivan de las tres características apuntadas en el párrafo anterior que perfilan la Costa Rica de estos días; apuntados los mismos desde nuestra perspectiva de la lucha social (lucha social de legitimidad democrática incuestionable). En tiempos de pandemia como los que estamos viviendo, estas circunstancias han de empeorar.

Ha sido un duro golpe la admisión de culpa por parte de la actual titular de la Defensoría, doña Catalina Crespo Sancho en cuanto a que dentro de la institución hubo una “pérdida” de parte de una grabación proveniente de la intervención de dicha jerarca en Casa Presidencial, con ocasión del escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAS); grabación que contenía datos de la interpelación que ella le hizo al propio mandatario de la República, Carlos Alvarado Quesada.

Si consideramos el gran impacto en la ciudadanía que generó la posibilidad real de sentirse espiada desde la misma sede del Poder Ejecutivo, espionaje que habría sido ideado con la venia del propio Alvarado Quesada, el “extravío” de dicha grabación, aparte de la sospechosa conveniencia que eso representa para la parte de la oficialidad gubernativa involucrada en esta delicada cuestión; se le ha dado un golpe muy duro a la credibilidad y a la transparencia de la Defensoría de los Habitantes de la República; entidad que, la verdad sea dicha, ya venía jugando un rol tan desteñido y tan “invisible” para grandes segmentos de la ciudadanía que ésta se percata de que todavía existe al aflorar una lamentable circunstancia como la comentada.

Y es que la Defensoría de los Habitantes de la República se convirtió en un botín politiquero, en un trueque de votos diputadiles que negocian el nombramiento de su titular según conveniencias partidarias. Además, destacados cuadros profesionales de su equipo pasan a ser jerarcas de esos gobiernos cuyos partidos participan de ese trueque y luego vuelven, como si nada, a ocupar sus puestos en la Defensoría, cuando han sido partícipes, de un modo u otro, del deterioro del estado de la cosa pública que afecta la calidad de vida de los habitantes; precisamente habitantes que deben defender cuando retornan a la institución.

Ahora resulta que, dentro de la propia Defensoría, a juzgar por el carácter de la denuncia que se presentó su titular ante el Ministerio Público por dicha “pérdida”, se puede colegir que a nivel interno institucional las lealtades partidarias pesan más que las lealtades para con los y las habitantes que se deben defender.

Seguramente peco de ignorante, pero no conozco cómo pueden hacer los y las habitantes de la República para evaluar cómo les defiende la Defensoría. Pareciera más que urgente una beligerante acción civil de esta entidad en defensa de los derechos de la gente y en defensa de la institucionalidad pública diseñada y heredada por parte de las generaciones anteriores para el fomento de la inclusión social y de la promoción del bien común. No veo que esté en condiciones de asumir semejante desafío histórico.

Nunca como antes el fomento de la inclusión social y de la promoción del bien común están intrínsecamente ligados al bienestar de los y de las habitantes de la República. La Defensoría de los Habitantes de la República no parece estar ya a la altura de tan urgente necesidad y de tan grande desafío.

La entidad sufre de una especie de neutralización política. Está en zona de confort. Está pagando, además, el costo de que la convirtieran en botín politiquero y en cuna de jerarcas ministeriales al servicio del tripartidismo neoliberal hoy dominante. Apelo al legado de Chespirito y por eso pregunto: “¡Oh!... ¿y ahora quién podrá defendernos?

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)