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Natalia Díaz natdiaquin@gmail.com | Jueves 25 abril, 2019
A inicios de la actual administración, y por voz propia de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, nos enteramos del enorme faltante en las finanzas conocido como el “hueco fiscal”, herencia del gobierno Solís Rivera.
Este descomunal monto era conocido por las autoridades anteriores desde los 4 meses previos a las elecciones de febrero del 2018; y sin embargo, no se envió el debido presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, para cubrir ese faltante, como es lo procedente.
Omitir ese procedimiento, dada la magnitud del déficit, no puede atribuirse a un simple error administrativo, sino a toda una estrategia de ocultamiento de la gravedad de las finanzas públicas, con fines de no perjudicar la eventual continuación del PAC por 4 años más.
El dictamen de la Comisión de Ingreso y Gasto Público es contundente. Pide sanciones, establece responsabilidades para los supuestos ejecutores de esta mal praxis financiera y sugiere al plenario legislativo votarlo positivamente para ser enviado al Ministerio Público.
Es evidente que estamos ante una grave falta de transparencia, quizá transgresiones de índole judicial, por parte de la administración Solís Rivera y algunos colaboradores de su equipo económico.
Se puso en riesgo la imagen y seriedad del país ante los inversionistas locales e internacionales, con consecuencias drásticas de reclasificación de nuestra deuda soberana, falta de liquidez, altas tasas de interés; todo lo cual explica parte de la gran desaceleración económica y el nivel de desempleo histórico que estamos viviendo.
Los políticos que tomaron esas decisiones deben ahora asumir sus responsabilidades ante las autoridades correspondientes.
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