Obras enfrentan a Punta Leona y Tribunal Ambiental

Complejo turístico denunció penalmente a instancia de Ambiente por ordenarle demoler parte de sus instalaciones

Obras enfrentan a Punta Leona y Tribunal Ambiental

• Jueces ecológicos sostienen que resolución sobre demolición se mantendrá en pie

• “Si el Estado quiere recuperar los terrenos públicos, debe pagar por ellos”, aducen en el hotel

Natasha Cambronero

ncambronero@larepublica.net

Luego de que el Tribunal Ambiental ordenara al hotel Punta Leona demoler parte de sus instalaciones construidas en zona pública de Playa Blanca y Playa Mantas, el complejo denunció penalmente a esta entidad.

La denuncia es por los presuntos delitos de prevaricato (que es cuando un funcionario emite una orden contraria a la ley) y desobediencia a la autoridad.

La denuncia se basa en que tanto el Juzgado de Garabito como el de Puntarenas determinaron en 2005 que las obras no podían ser destruidas hasta que no se concluyera la investigación penal que existe sobre el tema.

Hasta la fecha ninguna de las dos instancias ha dado una resolución al conflicto, razón por la cual los propietarios de Punta Leona creen que la decisión del Tribunal no tiene validez y va contra la ley.

“Existen dos procesos paralelos, el administrativo por parte del Tribunal Ambiental y uno judicial por parte de los Tribunales de Justicia. Hasta la fecha y luego de seis años el juez no ha llegado a convencerse de que estamos invadiendo la zona pública; sin embargo, con las mismas pruebas el Tribunal Ambiental dice que sí”, aseguró Mario Pacheco, representante legal de Punta Leona.

Además de la denuncia, el complejo también presentó un recurso de revocatoria para impedir el derribo de la infraestructura.

“Como inicié una denuncia penal contra ellos ahora tienen que inhibirse. En buen castellano, estos señores deberían abstenerse de esta decisión”, añadió Pacheco.

En contraposición, en el Tribunal Ambiental aseguran que la Sala Constitucional les confirmó que ellos tienen la potestad para juzgar y resolver este tipo de casos, por lo cual no entienden por qué el complejo “no acepta que construyó en territorio público”.

“Esta no va a ser ni la última ni la primera vez que Punta Leona presenta una denuncia penal en contra del Tribunal, nosotros ya resolvimos y la resolución (sobre la demolición) está en pie”, afirmó José Lino Chaves, presidente del Tribunal Ambiental.

El conflicto que existe con el Hotel Punta Leona obedece a una discrepancia sobre cuáles son los límites reales del hotel y dónde empieza la zona pública.

Para el complejo, ellos desde 1970 son dueños de 150 de los 200 metros de zona marítimo-terrestre, pues los terrenos fueron titulados durante esa década.

Además, enfatizan en que si ellos están infringiendo los 50 metros públicos se debe a que el mar en las últimas décadas ha estado invadiendo la tierra, producto del cambio climático.

“En 1970 cuando titulamos las tierras no se estableció una manera de medirlos, ahora el calentamiento global está haciendo que el mar crezca y se acerque más a la tierra y es aquí donde nacen las discrepancias”, dijo el representante legal del hotel.

De igual forma, el representante legal de Punta Leona considera que si el Estado quiere recuperar los 150 metros que son de la empresa deberá pagar por ellos.

Sin embargo, el Tribunal Ambiental dice que en 2008 el Instituto Geográfico Nacional realizó una medición y comprobó que el complejo Punta Leona presuntamente sí estaba invadiendo parte de los terrenos públicos.

La sentencia de los jueces ambientales estipula que se deberán destruir un restaurante, servicios sanitarios, mesas y bancos de cemento que fueron construidos en zona pública.

Además, el complejo turístico será obligado a eliminar unas cajas de registro, drenajes de agua estancada, cercas de alambre y parte de una cancha deportiva que se edificaron fuera de los terrenos de la empresa y dentro de la zona marítimo-terrestre del país.

El conflicto que existe entre el Tribunal Ambiental y el Hotel Punta Leona viene desde 2002, el cual ha tenido que enfrentar una serie de recursos de amparo, de revocatoria y solicitudes de nulidad.