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Obra pública por titularización en pausa
Reglamentación en periodo de consulta


La construcción de obra pública financiada por medio de la Bolsa de Valores se mantiene detenida, mientras se establece la normativa que regularía esta actividad bajo una figura específica.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó en abril pasado remitir a consulta el proyecto de modificación reglamentaria que pretende crear los fideicomisos de desarrollo de obra pública.

Mediante esta figura se crea un ente emisor (fideicomiso), con la facultad de emitir títulos que posteriormente serán llevados al mercado de valores, para buscar el financiamiento de las obras.

Estos instrumentos son de largo plazo y estarían dirigidos a inversionistas sofisticados e institucionales. Dentro de este grupo se incluyen las operadoras de pensiones, las sociedades administradoras de fondos de inversión e inversionistas con alto nivel de capital.

Los montos mínimos de participación serían de $50 mil, cifra similar a las participaciones en los fondos de Desarrollo Inmobiliario que ya operan en el país.

El mercado de valores esperaba para 2009 el despegue del desarrollo de obras públicas mediante la figura de fideicomisos de titularización. Sin embargo, en la actualidad algunos de estos proyectos se encuentran varados debido a un proceso regulatorio.

Entre las posibles obras anunciadas figuraba infraestructura para el Ministerio de Hacienda, las universidades estatales, y la Radiográfica Costarricense.

También mediante titularización se habló de la construcción de Equipos Básicos de Atención en Salud para la Caja Costarricense de Seguro Social, y captar recursos para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.

Ninguno de estos proyectos tiene oferta pública actualmente en el mercado bursátil. En junio del año anterior, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) emitió la directriz para no titularizar flujos futuros, lo que dio al traste con esos proyectos.

Con el nuevo reglamento se lograría construir la obra, y luego titularizar el flujo futuro sobre los alquileres. De esta manera se cumpliría con la normativa que promueva la Superintendencia.

Los obstáculos que se han presentado para los fideicomisos son varios, pero sobresale la interpretación que dio Sugeval al artículo 60 del Reglamento de Oferta Pública de Valores, que acarreó nuestro primer obstáculo.

“Tenemos interpretaciones diferentes al artículo 60. Mientras ellos sugieren que este mecanismo no vale para titularizar flujos futuros, nosotros creemos que el artículo da cabida a diferentes tipos de titularización: titularización de activos y flujos por un lado o titularización de flujos futuros sin activos. Ambas formas son factibles, pues de hecho hoy existen tres titularizaciones de flujos futuros: Peñas Blancas, Cariblanco con el Banco Nacional y Garabito con el Banco de Costa Rica”, explicó Lourdes Fernández, en una entrevista que concedió a Inversionista en abril.

La objeción principal que Sugeval planteó es que mientras no haya obras civiles concluidas, no se puede aplicar la titularización, es decir no se pueden construir obras financiadas con la emisión de bonos, con respaldo en los flujos futuros, para que el riesgo de construcción no sea asumido por el inversionista.

Esta interpretación no ha detenido todos los proyectos, el Banco de Costa Rica ha estructurado varias emisiones de valores, públicas y privadas, ajustándose a la regulación.

“Quizás lo que ha sucedido es que en la buena intención de llevar a cabo fideicomisos de esta naturaleza, algunas entidades plantearon estructuras de titularización novedosas que, a lo mejor, no estaban contempladas en la regulación”, manifestó Mario Rivera, gerente del Banco de Costa Rica.

No obstante, aun para el caso en que no se puede titularizar habría otras figuras que se podían utilizar, como los fondos de desarrollo inmobiliario, o los nuevos los fideicomisos emisores.

La administración Chinchilla, especialmente el vicepresidente Liberman, se ha manifestado a favor de la nueva regulación, y daría apoyo al financiamiento de obra pública por medio de fideicomisos de desarrollo según la normativa que se defina tras el periodo de consulta.

Juan Pablo Arias
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