Obra pública: ejecución y financiamiento

Una de las mayores frustraciones de la ciudadanía es la baja inversión gubernamental en infraestructura. La lentitud con que se ejecutan las obras públicas no solo implica un lastre a la competitividad de la economía, sino que además significa para los habitantes un deterioro de la calidad de vida debido al elevado costo asociado con el desplazamiento de personas y mercancías dentro del territorio nacional.

Originalmente, en particular después de la seria crisis económica de inicios de los 80, el problema principal era de recursos y de acceso al financiamiento. Sin embargo, en los últimos 15 años el problema ha mutado, transformándose en uno más serio de capacidad de ejecución y, particularmente, de una muy pobre estructura de gobernanza en las instituciones encargadas de acometer estas tareas.

Una de las principales limitantes en materia de inversión pública es la ausencia de planificación de largo plazo. La evidencia internacional mostraba que los países más exitosos construyen ambiciosos portafolios de proyectos que deben ser financiados y ejecutados a mediano y largo plazo, muchas veces en términos de horizontes temporales de más de diez años, y que evidentemente trascienden a los gobiernos de turno.

El diseño institucional de la agencia gubernamental encargada de planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura no es un asunto trivial. Por una parte, es necesario dotarla de un nivel adecuado de independencia y agilidad en sus labores, sin que esto implique ausencia de control y, mucho menos de transparencia.

Muchos de nuestros problemas actuales surgen de la escasa capacidad institucional de los ministerios encargados y de otros entes relacionados con ellos, además de una inadecuada utilización de ciertas figuras —como la desconcentración máxima y los fideicomisos— debido a un marco jurídico para la contratación administrativa complejo y con incentivos mal diseñados, que conducen al inmovilismo, con el supuesto objetivo de proteger la transparencia y la integridad de las arcas públicas.

Otro problema igual de serio es la ausencia de una adecuada gobernanza en el campo de la inversión pública. Las debilidades institucionales en materia de planificación y ejecución crean vacíos que terminan siendo llenados por intereses privados y políticos.

Es preocupante, por ejemplo, que en el caso de importantes obras de infraestructura, aspectos fundamentalmente técnicos sean definidos por presiones comunales que no necesariamente persiguen el bien común, por vociferantes formadores de opinión probablemente bien intencionados, pero no necesariamente informados, o por intereses políticos en muchos casos de naturaleza localista, más que por estudios profundos que determinen no solo si el uso de recursos y de espacios de financiamiento escasos por parte del sector público resulta social y económicamente rentables, sino que además arrojen luz sobre la indispensable priorización entre proyectos igualmente necesarios y viables.

Al final del día, este tipo de problemas terminan encareciendo, demorando o impidiendo definitivamente que se ejecuten muchos proyectos legítimamente deseables, y lo que podría ser peor aún, que se realicen otros mal diseñados desde la perspectiva ingenieril y financiera, que terminen significando desperdicio de recursos o peligrosas contingencias para las finanzas públicas en el futuro.

José Luis Arce