Obama ordena cerrar prisión de Guantánamo
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Mandatario afirma que proseguirá con la guerra contra el terrorismo
Obama ordena cerrar prisión de Guantánamo

En la actualidad permanecen detenidos en esa cárcel en torno a los 245 presos.

Washington
EFE

Barack Obama, presidente de Estados Unidos, ordenó ayer el cierre de la prisión de la base de Guantánamo en el plazo de un año y revisar los procedimientos de detención y de interrogatorios.

En un acto en el Despacho Oval, rodeado de sus asesores y de militares retirados con los que abordó la situación en el centro de detención de esa base naval estadounidense en el sudeste de Cuba, Obama afirmó que “Estados Unidos tiene como intención proseguir la lucha actual contra el terrorismo”.
“Y lo haremos de manera vigilante, efectiva y de acuerdo con nuestros valores y nuestros ideales”, dijo Obama, que se mostró decidido a “ganar esta lucha, y ganarla en nuestros términos”.
Al firmar la orden para el cierre de esa prisión, declaró que con ello no sólo cumple un compromiso que hizo durante la campaña, sino también un concepto que data de la fundación de Estados Unidos, “que estamos dispuestos a respetar unos ciertos parámetros de conducta; no sólo cuando es fácil, sino también cuando es duro”.
El plazo para el cierre del centro de detención es de un año, durante el cual “estableceremos un proceso” para determinar cómo mejor proceder a la clausura, explicó el presidente.
El procedimiento será complicado. En la actualidad permanecen detenidos en esa cárcel en torno a los 245 presos.
Una parte de ellos, entre 50 y 60, según algunas fuentes, han recibido el visto bueno para su liberación y el nuevo Gobierno planea transferirlos a terceros países.
Hasta ahora Estados Unidos ha tenido problemas en encontrar a países dispuestos a acoger a estos presos, aunque un alto funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo la condición del anonimato, declaró que esperan “que algunos países que hasta ahora no se han ofrecido lo hagan en el futuro”.
En ningún caso, prometió el alto funcionario, se enviarán a países donde puedan ser torturados, aunque sean los suyos propios.
Un segundo grupo, considerado “no transferible”, será juzgado por tribunales estadounidenses, aunque aún está por determinar si serán cortes civiles o militares.
Un tercer grupo de presos considerados un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero contra los que no hay pruebas admisibles en un tribunal, verá su destino determinado por un grupo de trabajo que se creará para estudiar qué hacer con ellos de manera que se respeten sus derechos humanos y no representen una amenaza.
Las órdenes establecen también el cierre de los centros de detención creados por la CIA en el exterior y prohíben que puedan volver a establecerse en el futuro.
Además, se creará un grupo de trabajo para revisar de manera “exhaustiva” las prácticas de interrogatorio y detención de los presos, incluida la establecida durante el mandato de George W. Bush y conocida como “rendition”, consistente en enviar a sospechosos a terceros países para interrogarlos con métodos inaceptables en Estados Unidos.
Una cuarta orden se refiere de manera específica al caso de Ali al Marri, de origen qatarí y el único “combatiente enemigo” retenido en suelo estadounidense.
Obama ha ordenado revisar su caso para determinar si este prisionero tiene derecho a presentar una demanda para exigir su libertad, una posibilidad que los tribunales de Estados Unidos han abierto a los presos en Guantánamo.
Tan sólo horas después de su investidura el martes, Obama había pedido a los jueces militares en Guantánamo la suspensión durante 120 días de los procesos contra los presos detenidos en esa cárcel.
La detención prolongada de supuestos terroristas y su permanencia sin juicio en Guantánamo, sometidos en algunos casos a procedimientos de interrogatorio que pueden ser considerados como torturas, han sido durante años objeto de críticas de los aliados de Washington y de denuncias de los defensores de los derechos humanos.
Durante su campaña electoral, Obama prometió que cerraría ese centro de detención establecido tras el comienzo de la guerra en Afganistán, y que alberga a sospechosos de terrorismo capturados en su mayoría en ese país y en Irak.
Muchos de los detenidos permanecen desde entonces sin que se les hayan presentado cargos o se haya fijado una fecha para su juicio.

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