Nuevo sistema para elegir a los diputados

El Censor Regulatorio

La petición tan reiterada durante los últimos años de una mayor representatividad democrática se fundamenta en un sentimiento creciente del ciudadano que ve contraído cada vez más su halo de participación política. El “Estado de Partidos” o partidocracia que abruma desde hace tiempo nuestros derechos político electorales no ha hecho más que socavarle al ciudadano su derecho fundamental de elegir y ser electo, mediante la ruptura de la unidad de voluntad de los representados con sus representantes haciendo realidad la vieja historia de Plinio y el chusco ingenioso según la cual: “Cuenta Plinio que el jabalí siente crecer la hierba. Y el glosador apostillaba: O Plinio ha sido alguna vez Jabalí, o ... algún Jabalí se lo ha contado a Plinio” (Pérez Serrano).

Y es que, bajo el régimen democrático que nos regula, únicamente la aprobación específica de los votantes puede legitimar ya sea a una persona determinada o a un grupo de ellas para representarles, habida cuenta que la representación se encuentra en relación inescindible con la legitimidad del poder. Si la democracia representativa significa “que las deliberaciones colectivas, o sea, las deliberaciones que afectan a toda la comunidad, son tomadas no directamente por aquellos que forman parte de la misma, sino por personas elegidas para tal propósito” (Bobbio), entonces toda legitimidad del poder y autoridad de tales representantes dependen del título de estos, y de la creencia de si representan verdaderamente a quienes representan, en su caso al pueblo o a la nación.

Con todo, lo cierto es que muchos de los estatutos de los partidos políticos permiten que sea el candidato a presidente quien escoja, “tomando en cuenta, sobre todo, la sumisión y solidaridad del candidato, el dinero con que contribuirá, su voluntad y promesas de trabajo intenso en la campaña, etc., y muy pocas veces su madurez intelectual o política” (Ortiz Ortiz), al menos sus cinco diputados nacionales, arrogándose así la soberanía que reside en el pueblo. El resto de los diputados, por su parte y como es bien conocido, se escogen mediante listas cerradas que los partidos políticos imponen al electorado, deslegitimándose de esta forma el poder político de quienes resultan “elegidos”, pues literalmente se nos obliga a votar a ciegas.

Pues bien, a partir de ello no resulta extraño que nuestra Asamblea Legislativa sea el poder de la República peor evaluado por los costarricenses en las encuestas. No obstante, el proyecto de ley 20.127 de reforma constitucional impulsado por Poder Ciudadano ¡ya! promete devolverle al ciudadano su representatividad y consecuente legitimidad a los diputados mediante la adopción de un Sistema Mixto Proporcional. De esta forma, el electorado votaría en 2 papeletas: la primera por una lista nacional de 84 diputados y la segunda por una papeleta con los nombres de los candidatos postulados en el distrito electoral en que vive el votante, para lo cual se dividiría el país en 42 circunscripciones con aproximadamente 70 mil votantes que elegirían un diputado de forma directa. Así, el sistema aseguraría, cuando menos parcialmente, que algunos de los elegidos sean representativos de una comunidad, de suerte que se tenga un balance entre diputados con visión nacional y diputados con representación directa de intereses de las diversas comunidades del país, reparándose con ello la injusticia cometida durante decenios con muchas comunidades que jamás han tenido un representante en el Congreso, de lo que ha resultado, casualmente, que también tengan un importante rezago en el Índice de Progreso Social Cantonal.

Ahora, ciertamente, en medio de una crisis fiscal como la que nos aqueja, podría pensarse que el proyecto de ley es absolutamente inconveniente, pues agregaría 27 diputados, más sus respectivos asesores y demás equipo de apoyo, a la nómina de la Asamblea Legislativa. No obstante, quienes promueven el proyecto de ley aseguran que, del monto del pago de la planilla legislativa total, 12% es para los diputados, 22% para los asesores y 66% para los demás funcionarios; de lo que resulta que el 88% del monto pagado por remuneraciones en la Asamblea no corresponde a diputados, sino al 94% del personal restante. Así, pues, de ser ciertos estos datos, la clave para que en tiempos de carencias económicas podamos hacer realidad este proyecto consiste en poner a trabajar más a 84 diputados y reasignar el personal de apoyo de los 57 existentes.

En cualquier caso, hay que tener claro que la democracia tiene su precio, de ahí que Rousseau señalara con atino: “Si existiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Pero un gobierno tan perfecto no está hecho para los hombres”. Por ello, si lograr la quimera de una verdadera representatividad democrática y consecuente legitimidad del poder político cuesta más, pues bienvenida esa inversión tan necesaria para perpetuar la paz social.