Nuevo caso de corrupción en el fútbol
Arena Pernambuco, donde Costa Rica venció a Italia y clasificó a la siguiente ronda del Mundial, fue objeto de cartel. Archivo/La República.
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La constructora brasileña Andrade Gutierrez admitió la existencia de un cartel para conseguir las obras de estadios del Mundial de fútbol 2014, en una nueva revelación sobre el alcance de la corrupción en la mayor economía latinoamericana.

“Hay indicios de que por lo menos cinco licitaciones relacionadas con obras de estadios de la Copa del Mundo fueron objeto de cartel, entre ellas el Arena Pernambuco, en Recife, y el estadio Maracaná, en Río de Janeiro”, precisó en un comunicado el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

Andrade Gutierrez firmó un acuerdo con el Cade para colaborar con las investigaciones a cambio de una reducción de las eventuales multas que debería pagar, como parte de un proceso derivado de la “Operación Lava Jato” (Lavadero de autos), la investigación que reveló una monumental red de corrupción enquistada en Petrobras.

El acuerdo puede conceder inmunidad penal a los involucrados, a cambio de que pongan fin a ese proceder, confiesen sus ilícitos y cooperen con las investigaciones.

El Cade señaló que la confesión aportó indicios que involucran a otras empresas, como Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS, todas ligadas igualmente al fraude en la petrolera estatal.
El arreglo para eliminar la competencia en las licitaciones de las obras comenzó en octubre de 2007 y se extendió hasta 2011, “momento en el que fueron definidos todos los estadios en sus respectivas sedes”, señaló el organismo.

En 2013 millones de brasileños salieron a las calles para manifestar contra las millonarias inversiones públicas en la organización del Mundial, en detrimento de sectores más necesitados como la educación, la salud y los transportes.

La renovación del mítico estadio Maracaná costó casi $600 millones, el doble de lo presupuestado inicialmente.

Cuando la FIFA atribuyó en 2007 el Mundial a Brasil, el entonces presidente de izquierda, Lula da Silva, prometió que las obras se financiarían en totalidad con capitales privados.

Pero la falta de entusiasmo de los inversores obligó a los poderes públicos a cargar la cuenta sobre los contribuyentes brasileños.

En los últimos dos años Brasil se ha visto sacudido por una avalancha de denuncias de corrupción contra figuras políticas y empresarios que desataron una profunda crisis política.

Más de 50 legisladores están bajo investigación por el caso Petrobras.

El Cade informó que abrirá un proceso sobre el cartel denunciado, cuyo funcionamiento es similar al detectado en la trama que drenó más de $2.000 millones de Petrobras: las empresas se distribuían las obras de acuerdo con su conveniencia y luego simulaban pujar en las licitaciones que ya habían sido acordadas de antemano.

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