Ennio Rodríguez

Ennio Rodríguez

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Martes 28 Marzo, 2017

Hay muchos responsables de la situación fiscal actual, su parte tuvo incluso la Sala Constitucional, y el costo ha sido monumental para el desarrollo del país

Nuestra enfermedad silenciosa

Durante la última década, los ingresos del Gobierno central han sido inferiores al gasto, sin incluir los costos de amortización de deuda. Así, el Presupuesto Nacional ha debido financiarse, en los últimos años, alrededor de un 45%, mediante la emisión de títulos de deuda. Esta forma de financiar el déficit es una enfermedad silenciosa que carcome nuestro futuro. Es silenciosa por cuanto sus síntomas no son aparentes en cuanto a su severidad, pero al igual que ciertas enfermedades, cuando los síntomas aparecen visiblemente, la enfermedad ha avanzado mucho.

Uno de los síntomas de agravamiento de nuestra enfermedad fiscal es el indicador de la deuda del Gobierno central como porcentaje del PIB. La preocupación surge cuando la deuda crece más rápido que la producción del país; por lo tanto, para este efecto, no son las cifras absolutas de deuda pública las que debemos observar, sino su comportamiento relativo con relación al PIB. En 2008, la relación de la deuda del Gobierno central al PIB era de un 24,7%, pero el indicador ha venido creciendo de forma ininterrumpida desde entonces. La falta de enfrentar integralmente el déficit fiscal ha hecho que, para el Presupuesto Nacional de 2017, se estime que la relación alcance un 49,7%. Luces amarillas de alerta se encienden cuando esta relación sobrepasa el 45%. Las empresas calificadoras de riesgo han disminuido la calificación de riesgo de los títulos de la deuda de Costa Rica, tanto por este hecho como por la observación de que el sistema político ha sido incapaz de lograr soluciones. El costo de financiar el déficit, particularmente en el extranjero, será cada vez más oneroso, tanto por el aumento del riesgo país, como por el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. El problema del aumento de la deuda y de su servicio es que, a partir de cierto punto, al que ya llegamos, si no se toman decisiones de fondo, la deuda pública se puede convertir en una bola de nieve, que crece por su propia inercia, hasta convertirse en avalancha. El costo de no actuar responsable y oportunamente, significa dejar a los mercados internacionales que hagan el ajuste. Este ocurriría si se llegase al momento en que lo tenedores de bonos se nieguen a prestar más. Costa Rica ya lo vivió en agosto de 1981. La pobreza superó el 50%, tuvimos hiperinflación y se desplomó el valor del colón. No podemos volver a permitirlo.
Estoy convencido de que el próximo gobierno tendrá la obligación y, espero, capacidad de abordar integralmente el problema del déficit fiscal para que no repitamos el costoso error histórico de 1981. Pero haber permitido que esta enfermedad silenciosa llegase a este punto ha tenido un enorme costo para el país. Convivir con un déficit elevado (mayor a 3% del PIB se considera alto; el nuestro, ronda entre un 5% y un 6%) ha significado un endeudamiento creciente. El saldo de la deuda pública de Costa Rica se incrementó, entre 2008 y 2015, en $15 mil millones. Este ha sido el resultado de la decisión económica como país, de destinar la capacidad de endeudamiento que gozábamos, para financiar el déficit. En Economía, una forma de medir el costo de una decisión económica es determinando el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. Esto se conoce como costo de oportunidad. ¿A qué renunció el país al no realizar una reforma integral de las finanzas públicas? Es difícil definir la mejor alternativa, pero unos ejemplos, pueden poner en perspectiva este costo de oportunidad, especialmente para las generaciones futuras.
El canal seco es una de las alternativas de un proyecto que pudimos haber financiado en vez del déficit, cuyo impacto en la zona norte habría sido verdaderamente transformador para la región y, el país en general, hubiera tenido un incremento en la tasa de crecimiento del PIB y, consecuentemente, habríamos visto un aumento del empleo y una reducción de la pobreza (al crecer a tasas superiores a las históricas). El costo del canal seco se estima en $16 mil millones.
Otro ejemplo, también de infraestructura, sería el financiamiento de las siguientes obras: el tren rápido de pasajeros (elevado), el aeropuerto de Orotina, la ampliación de la Ruta 32, la Ruta 27 y la autopista a San Ramón. Todos estos proyectos juntos no sobrepasarían $6 mil. Las estimaciones del nuevo aeropuerto son muy preliminares y podrían ser mayores, pero no invalidan el argumento de que todas estas obras infraestructura, y muchas más, se pudieron haber financiado como alternativa a dedicar la creciente deuda pública al financiamiento de gastos, mayoritariamente corrientes, del Presupuesto Nacional.
En conclusión, hay muchos responsables de la situación fiscal actual, su parte tuvo incluso la Sala Constitucional, y el costo ha sido monumental para el desarrollo del país. Pero es hora de ver hacia delante, impedir la debacle financiera y, eventualmente, abrir espacio para el financiamiento de obra en el sector público.