Novela debe tener final

Un nuevo plazo de 60 días hábiles debió ser otorgado por el Gobierno a la empresa Aterra, a quien se le adjudicó una concesión para operar el aeropuerto Juan Santamaría y realizar las obras de ampliación necesarias en esa terminal aérea hace ya tres años.

Lamentablemente esa concesión se convirtió en un inacabable camino pleno de obstáculos que, hasta el momento, no ha dado más resultados que serios inconvenientes para las personas que deben salir o entrar al país por ese aeropuerto, que no reúne para nada las condiciones que debería como consecuencia de ese enorme atraso en su ampliación.

Más allá de los razonamientos y argumentaciones tanto del Gobierno de Costa Rica como de la empresa Alterra, la realidad es que hubo incorrectos procedimientos e incumplimientos en ambos actores.

Así las cosas, a estas alturas ya los usuarios, que soportan sin culpa los inconvenientes del inadecuado funcionamiento del aeropuerto, no quieren esperar más y reclaman, con razón, una rápida solución que signifique, no más trámites y procedimientos sino acciones en el sentido de ampliar, realmente, ya sin demoras la terminal.

Las circunstancias que han rodeado y paralizado continuamente las obras de ampliación, es algo que debe analizarse muy seriamente por varias razones.

Por un lado, no fue posible para el país firmar un contrato ni su posterior addendum en forma correcta, adecuada, de modo que nada en ellos pudiera retrasar las obras, y la empresa adjudicataria tampoco ha podido cumplir con sus obligaciones.

Por otro lado, cabe preguntarse si la vía de la concesión era realmente la mejor dado que otra opción hubiera podido ser la de que Costa Rica emprendiera, como país y con los recursos financieros y humanos existentes la tarea de ampliación del Juan Santamaría, tal como lo han hecho otros países del istmo, como Panamá o Guatemala.

Estas reflexiones, sus respectivas conclusiones y sobre todo las acciones, son algo inaplazable en momentos en que el país necesita avanzar rápidamente y es inaceptable que una cadena de desaciertos en los procedimientos frene obras que podrían estar realizándose por medio de las instituciones pertinentes y con los fondos económicos y recursos humanos existentes.