David Gutierrez

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Lunes 1 Noviembre, 2010

¿Nos convienen los soplones?

Prácticamente desde que nacemos nos enseñan a no ser soplones.
Esta palabra siempre ha tenido connotaciones negativas desde su origen en Inglaterra, cuando la policía de ese país soplaba fuertemente sus silbatos para alertar a otros acerca de la comisión de algún delito.
Lo cierto es que desde esa época, hace ya un par de siglos, casi siempre los soplones son mal vistos por la sociedad, y desde niños los conocen como “acusetas” y, en muchos casos, son discriminados por compañeros de escuela y de colegio.
Actualmente, las reacciones que generan los soplones son usualmente extremas: quienes lo son se consideran a sí mismos grandes defensores de la legalidad y de la ética; quienes no lo son les atribuyen a estos la búsqueda de fama y gloria personal.
Por otro lado, hay también muchas personas que simplemente deciden no acusar, porque temen las represalias sociales o afectar sus relaciones laborales.
Sin embargo, en esta era de enorme tecnología, cada vez hay más personas que acusan a otras por actos irregulares. Esto puede ocurrir de diversas formas, como por ejemplo mediante el uso de cámaras escondidas y con periodistas que se hacen pasar por otras personas. Por medio de estos mecanismos se ha logrado desenmascarar a falsos médicos que en realidad eran curanderos, a oficiales de tránsito corruptos; y más recientemente a directores de la FIFA que aceptaron recibir un pago indebido para votar a favor de cierta sede mundialista.
En países desarrollados como Estados Unidos, existen múltiples leyes que regulan la forma de actuación y los grados de protección que se les deben otorgar a los soplones (entre otros, el Whistleblower Protection Act of 1989). Estas leyes parten de un par de premisas básicas:
1. El Estado, por más recursos que tenga, es incapaz de supervisar el cumplimiento de todas las leyes y normas de un país.
2. Con incentivos y protección adecuados, habrá quienes, con conocimiento de ciertos hechos, estarán dispuestos a soplar las actuaciones ilegales de personas y de empresas. Además, en esos países existen centros para el apoyo psicológico y judicial de los soplones.
A pesar de que incentivar la existencia de soplones podría ir en contra de lo que hemos predicado a lo largo de nuestras vidas, también podría ser una solución para poder controlar el cumplimiento de normas de salud, de transporte, laborales y ambientales, sobre todo con un Estado cada vez más limitado en cuanto a la implementación de las leyes.
En el fondo, estos soplones actuarían como agentes del Estado, supervisando que se cumplan las normas y, en aquellos casos en que no, soplarlo a las autoridades correspondientes.
Pero para ello, Costa Rica necesita legislación adecuada —como la de los países desarrollados—, por medio de la que se regule el proceso de acusación y, además, la protección para el soplón. De igual forma, deben establecerse las sanciones cuando el soplón actúe de mala fe o de forma indebida. Algunas leyes ya lo regulan, pero de forma tímida y limitada. Por ejemplo, está la ley que ofrece un fuero laboral al testigo en casos de acoso sexual, o están los delitos que permiten ser denunciados anónimamente. Pero debemos fortalecer la legislación para que se facilite la denuncia de hechos ilegales, como ya sucede en otras naciones del mundo.
En los tiempos que vivimos... ¡protejamos a los soplones!

David Gutiérrez
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