Nos merecemos una legislación de altura de Plataformas Tecnológicas

El 21 de agosto del 2015 a las 4:45 pm, tomé mi primer Uber para ir a Multiplaza. Un viaje corto, desde donde estaba, pero muy agradable. Sandra, mi chofer, una mujer cercana a los cuarenta años que tenía tiempo sin trabajo, me comentó sobre su imperiosa necesitad de generar ingresos ya que es jefa de hogar con hijos pequeños.

A la llegada de Uber al país la rabieta del Gobierno no se hizo esperar, señalando su presunta ilegalidad al mejor estilo de Mussolini: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, y no es de extrañar ya que el monopolio de taxis, históricamente, ha sido un negocio de los políticos, testaferros y amigos.

De inmediato, al tener parámetros de comparación, quedó en evidencia que el servicio tradicional de taxis es muy inferior en cuanto a servicio, precio y seguridad. También que la oferta estaba absolutamente reprimida y que el único objetivo era rentas exageradas a unos cuantos y con factura a todos los usuarios.

Hoy día hay quienes debaten si las empresas de Transporte de Personas por medio de Plataformas Tecnológicas operan legalmente o no, ejercicio ocioso ya que hay consenso entre las fracciones políticas de generar algún tipo de regulación. Legislación que la misma empresa Uber ha solicitado desde el primer día que inició operaciones en el país.

La pregunta es si la legislación que regulará los servicios prestados por medio de plataformas tecnológicas va a ser minimalista (la verdad es que ya funciona muy bien y ninguna legislación hará que mejore) en beneficio de la mayoría de choferes y usuarios, o bien maximalista para favorecer el statu quo. Lo que llaman uberizar el servicio de taxis o taxificar el servicio de Uber.

Hay que tomar en cuenta que la tecnología está haciendo profundos cambios en la economía y que estos son inevitables y cada vez más rápidos. No aceptar esa realidad lo único que logrará es retrasar el desarrollo, postergar los beneficios y que los inevitables ajustes sean mucho más costosos.

Partiendo de que hay un genuino interés de los legisladores de favorecer a la mayoría, maximizar sus beneficios y reducir los posibles costos, hay que tener presentes los siguientes elementos: 1. no ceder ante presiones gremiales, ya sea de los taxistas o de las empresas de plataformas, que estén opuestas al interés general de la población; 2. no imponer límite a la oferta para taxis ni para empresas tecnológicas, que lo determine el propio mercado; 3. crear una figura de trabajador independiente (para efectos de Hacienda y CCSS) que se ajuste con su realidad.

También, 4. que se reduzcan tanto como sea posible los costos de transacción y formalización: todo impuesto, canon, traba burocrática (para taxis o plataformas) va en detrimento de los beneficios de la actividad para usuarios, choferes e incluso la misma hacienda pública, y 5. la fiscalización debe ser mínima y fuera del MOPT, la realidad muestra que el CTP no es capaz ni de fiscalizar los taxis, y se debe evitar al máximo crear más burocracia.

Igual que Sandra, más de 28.000 choferes han encontrado una manera de llevar ingresos a su hogar. Casi un millón de usuarios nos estamos beneficiando de servicios de excelentes calidad, precios y seguridad. Los costarricenses nos merecemos tener servicios modernos y de altura. La Asamblea Legislativa debe estar a la altura de las necesidades del país y no de intereses gremiales.

Mee. Juan Ricardo Fernández R.

Presidente, Asociación de Consumidores Libres

acl@consumidoreslibres.org