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Domingo, 8 de diciembre de 2024



EDITORIAL


¡No más pifias!

Nadie ha tomado la decisión de hacer lo que corresponde para solventar la incapacidad de elaborar contratos correctos en el sector público

Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 18 mayo, 2011


Editorial


Una serie de interrogantes sin respuesta se desprende de la información dada a conocer ayer por este medio sobre el estado de la documentación presentada a la Contraloría por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en la solicitud de ampliación del contrato de construcción de la vía a San Carlos.

Como sabemos, el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al que pertenece el Conavi, ha enumerado carreteras nacionales en las que considera peligroso circular especialmente durante época de lluvias. Una de estas vías es justamente la que va a San Carlos, cuya renovación lleva 30 años esperando.

No obstante, y a pesar de la urgencia de construir la nueva carretera, nos enteramos ahora de que la adenda presentada a la Contraloría para hacer la actualización al viejo contrato carece de las precisiones requeridas para que pueda ser estudiada.

Entre los 12 vacíos que señala el ente contralor está ni más ni menos que el haber omitido incluir en el presupuesto extraordinario la subpartida por ¢1.200 millones para destinar a esta obra. Además, al haber una coincidencia entre este monto y el destinado a reparación de puentes y la ampliación de la carretera entre Heredia y Alajuela, el asunto requiere aclaración. La grave situación de los puentes en el país no es como para descuidar cualquier cosa que con ellos se relacione.

Tampoco están claros otros asuntos como la garantía que debe presentar el contratista, las expropiaciones necesarias y una falta de especificidad que impide conocer puntualmente lo que implica la modificación al contrato, entre otros.

En conclusión, que el país y los costarricenses siguen sufriendo las consecuencias de retrasos y más retrasos ocasionados por el trabajo incorrecto que se realiza en dependencias del Estado sin que nadie haya tomado la decisión de hacer lo que corresponde: solventar esa incapacidad.

La falta de conocimiento, experiencia, pericia o actualización para definir condiciones y redactar correctamente contratos de concesión u otros para que respondan a las necesidades del país es algo que no se ha querido solucionar. Ha faltado, eso es obvio, la voluntad política para entrar a la solución de este problema.

Sin embargo, gobernar es eso. Solucionar cualquier problema que esté retrasando el desarrollo del país en función de una mejor calidad de vida para los costarricenses. No hacerlo significa tomar la decisión de seguir arrastrando los lastres que nos producen rezago. Significa dejar la tarea pendiente para un próximo gobierno y… esa evasión de responsabilidad la venimos soportando desde hace décadas.










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