No cederemos las calles: ambulantes

Desorden reviviría tras amenazas de vendedores informales

No cederemos las calles: ambulantes

Ventas callejeras por $3 millones mensuales golpean comercio

En unas semanas el centro de San José podría convertirse en “zona de guerra”, pues los vendedores ambulantes lanzaron a las autoridades una clara advertencia, “no saldrán de las calles”.

Eso lo están diciendo, tras el fallo del mes pasado de la Sala IV, en el que establece que la gente no puede obstruir las vías públicas, y que la Municipalidad capitalina, así como la Fuerza Pública deben sacar esa gente.

Mientras tanto, la actividad subterránea que en promedio genera ventas por más de $3 millones mensuales, continúa golpeando al comercio legal, evadiendo al fisco y alimentando una cadena de contrabando capaz de abastecer a todo el país.

Varios de esos negocios informales además podrán estar ligados al narcotráfico, incluido el lavado de dinero.

No obstante el fallo de la Corte, los ambulantes parecen no tener ninguna intención de salir de las vías.

“Vender en las calles es la única forma que tenemos de alimentar a nuestros hijos; no podemos dejar de hacerlo. Vamos a defender nuestro derecho a trabajar, hasta lo último”, afirmó Henry Rojas, vendedor de hortalizas en la calle 8.

El plazo para sacar a los ambulantes vence en la primera semana de marzo; sin embargo los pronósticos son reservados.

Hay unos 2.700 vendedores de este tipo en el centro de San José.

Frente a esto, la Policía Municipal cuenta con tan solo 350 efectivos, que tienen como responsabilidades evitar asaltos y prestar asistencia a turistas, entre otras tareas, lo cual nos les deja mucho tiempo para controlar el comercio informal.

“Se nos pide hacer en dos meses, algo que no se ha podido en 20 años; es como si le pidiera al Ministerio de Transportes que tape todos los huecos de las calles”, dijo Marcelo Solano, jefe de la Policía Municipal de San José.

A no ser que el Ministerio de Seguridad haga algo, en las calles no es posible lograr cambios sustanciales, añadió.

No obstante, ese Ministerio tampoco cuenta con suficientes recursos para cumplir con todas sus obligaciones.

Por su parte, si bien los oficiales de la Fuerza Pública tienen la orden de reforzar la presencia en el centro de la capital y dar seguimiento a los ambulantes, no participan en los decomisos.

“Tenemos la orden de no participar en los decomisos, porque de eso se encargan los compañeros municipales”, corroboró uno de los efectivos destacados en el bulevar de la avenida central, este lunes en la mañana.

Las ventas informales ya tienen tomado el bloque más céntrico del casco urbano metropolitano y han migrado a las cabeceras de los cantones aledaños y de todas las provincias. Quienes las ejecutan llegan en bus, cargan su mercadería en bultos, sacos o mochilas, y hacen su ganancia.

Mientras tanto, las empresas formales pagan permisos, alquilan locales y reportan al fisco.

“Nosotros cancelamos varios cientos de miles anuales en permisos y patentes, millones en alquiler del local y de cada factura se deducen los impuestos”, apuntó Beatriz Aguirre, administradora de la tienda Diane & Geordi, en el bulevar de avenida central.

Ellos se paran aquí enfrente, venden hasta que se les acaba el producto y después salen corriendo a conseguir más, agregó Aguirre.

Esta actividad informal genera unos $3 millones mensuales, estima la Policía Fiscal, y por ello el país no percibe nada en términos tributarios.

“Los comerciantes hemos denunciado por años la inexistencia de medidas efectivas contra las ventas ambulantes y esperamos que con el pronunciamiento de la Sala IV, finalmente algo cambie”, sentenció Arnoldo André, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Ernesto Villalobos

evillalobos@larepublica.net