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No podemos hablar de derechos para ninguna población si no tenemos respeto por la democracia y el Estado de Derecho: Larissa Arroyo

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 23 junio, 2023 07:55 a. m.


Larissa Arroyo, abogada especialista en materia de derechos humanos y de género. Cortesía/La República.
Larissa Arroyo, abogada especialista en materia de derechos humanos y de género. Cortesía/La República.


No podemos pensar en que hay derechos para la población LGBTIQ+, si no se reconoce el estado de derecho, si no se reconocen los mecanismos de participación ciudadana y demás, de acuerdo con Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos y materia de género.

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Para la experta, no podemos hablar de nada de eso si no tenemos la base, que es reconocer la democracia como un sistema que obliga a aquellos que están en el poder y que representan al Estado, a cumplir con todas las obligaciones.

¿Cuál es la agenda pendiente para la comunidad LGBTIQ+ en materia de derechos?

Lo primero que le diría es que no podemos hablar de derechos para ninguna población y menos para las poblaciones históricamente vulneradas como es la población LGBTIQ+, si no tenemos un respeto por la democracia y el Estado de Derecho, que es básicamente reconocer y respetar la normativa jurídica en general, incluyendo el derecho internacional, pero también el derecho nacional.

La agenda pendiente es muy grande, pensemos, por ejemplo, en las personas menores de edad LGBTIQ+, pensemos en las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, que tienen además los dos elementos de ser mujeres y de orientación sexual e identidad de género, hablemos, por ejemplo, de las personas adultas mayores LGBTIQ+ y personas con discapacidad, que son también LGBTIQ+.

No podemos hablar de nada de eso si no tenemos la base, que es reconocer la democracia como un sistema que obliga a aquellos que están en el poder y que representan al Estado, a cumplir con estas obligaciones, incluyendo participación ciudadana, incluyendo la autonomía de la sociedad civil, para participar en todo esto y de alguna manera escuchar esas voces.

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¿Por qué esto es importante?

Si no reconocemos las autoridades, por ejemplo, como el sistema interamericano, incluyendo la Comisión Interamericana o la Corte o Naciones Unidas, particularmente con los comités de derechos humanos, como el Comité CEDAW, Comité de Derechos del Niño, etc., pues es muy difícil que podamos decir que hay algunos derechos que están siendo reconocidos o algunos derechos que están bajo amenaza porque es todo un sistema. No podemos decir este derecho o este, sino es todo un sistema de derechos porque se retroalimenta el uno del otro, como pensamos el derecho a la vida sin el derecho a la salud o el derecho a vivir libre de violencia.

En ese sentido, yo lo que diría es que una de las preocupaciones más importantes bajo este gobierno es justamente reconocer la autoridad de instancias, sobre todo de derecho internacional, porque así lo reconoció Costa Rica, a través de los mecanismos establecidos de manera tal, que si no asumimos las obligaciones jurídicas o las obligaciones legales de cara a poblaciones como el LGBTIQ+, pues no tenemos mucho que hacer.

¿Por qué digo esto? Porque, bueno, justamente uno de los derechos que siempre se ha defendido, que se ha tratado de obtener, es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y ahí cabe todo, derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso a un trabajo digno o una vivienda digna, etcétera.

Pero, ¿qué hacemos cuando, de alguna manera, el sistema que asegura todos los derechos está en juego?

Cuando tenemos discursos que son, que tienen tintes autoritarios, donde se ataca la prensa, donde se ataca o no se reconoce el papel de la sociedad civil, no se promueve la participación de la sociedad civil y la autonomía de la sociedad civil para decidir cómo participar, ahí es donde, simplemente, perdemos todo. No podemos pensar en que hay derechos para la población LGBTIQ+, si no se reconoce el estado de derecho, si no se reconocen los mecanismos de participación ciudadana y demás.


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