No perdamos el rumbo: debemos descarbonizar la economía

Lizandro Brenes

Economista y presidente de la JASEC (Distribuidora eléctrica)

lizandro.brenesc@gmail.com

Según la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE) del ICE, en el 2022, únicamente un 1,28% de la demanda de electricidad se atendió con fuentes fósiles (combustión e importaciones). De hecho, luego de romper récord en las exportaciones de energía a Centroamérica durante el segundo semestre de ese año, el Grupo ICE presentó ante la Aresep la “Propuesta: modelo tarifario para electrificación de procesos productivos” que pretendía colocar los excedentes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a una “tarifa de descarbonización” competitiva. Meses después, el panorama fue radicalmente otro. Para el cierre del 2023, el uso de combustión fósil aumento en más de 7 veces: de 151 420 Megavatios hora (MWh) a 1 070 407 MWh, representando un 8,71% de la generación utilizada para la atención de la demanda nacional.

Lo que ha pasado con el SEN recientemente ha sido aún más radical. A marzo del 2024, un 21,68% (697 672 MWh) de la demanda nacional de electricidad fue atendida con fuentes fósiles, un 65% de lo que se utilizó en el 2023 con ese tipo de fuente. Luego, en medio de anuncios de racionamientos que dichosamente no se materializaron, la situación no ha mejorado, el viernes 17 de mayo, la demanda fue cubierta en un 24,2% con fuentes fósiles y el lunes 20, en un 21,5%. Debe recordarse que la generación fósil y las importaciones son mucho más onerosas que la renovable.

¿Significa que tenemos que renunciar a la idea de electrificar el transporte y los procesos industriales que hoy se realizan con combustión fósil? Rotundamente no.

En términos de emisiones de dióxido de carbono (CO2), el país se comprometió a una emisión máxima de 9 110 Giga gramos de CO2 equivalente (gG de CO2 eq.) para el 2030. Lo anterior, según la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), que es un compromiso voluntario que nació en el Acuerdo de París. Sin embargo, al 2017 (última medición), se emitieron 14 478 gG de CO2 eq. Haciendo uso de la tasa de crecimiento anual compuesta, se demuestra que, a ese ritmo, llegaremos al 2030 emitiendo 18 584 gG de CO2 eq. Es decir, habremos sobrepasado la NDC en un 109%.

¿Cuáles son los retos? Si algo ha puesto en evidencia el anuncio de racionamientos, es que nuestra matriz eléctrica, que depende en un 68% de la hidroelectricidad, tiene vulnerabilidades. Por lo tanto, se deben tomar decisiones con visión estratégica de largo plazo y están decisiones deben ser tomadas ahora.

El primer reto tiene que ver con la diversificación y el crecimiento de dicha matriz. Depender de hidroelectricidad no es factible con fenómenos climáticos como “El Niño” cada vez más recurrentes e intensos. Lección: se requiere de una planificación más integral (incorporando variabilidad climática, uso de reservas y optimizando las estimaciones para el crecimiento de la demanda) y para el largo plazo.

Además, necesitamos ampliar la matriz de generación eléctrica. Datos de la Agencia Internacional de Energía (EIA por sus siglas en inglés), indican para el 2022, que el 49% del suministro total de energía del país, proviene del petróleo, mientras que, las fuentes renovables con las que se genera electricidad (hídricas, solar, eólicas y otras renovables) 42%. Esta última cifra se logra, en términos de grandes números, con una capacidad total en placa de 3 115 MW. Es decir, se necesitan 2,4 veces más de capacidad de generación eléctrica renovable para cubrir el 100% de la energía que demanda el país. Debe recordarse que la capacidad de generación eléctrica actual le ha tomado al país 140 años (desde que se instaló la primera hidroeléctrica en 1884); por ende, la electrificación renovable de la economía solamente será posible con métodos ágiles y eficientes, donde se debe hacer eco de la participación pública y privada, separada o en alianzas, así como de vehículos de propósito especial y otras alternativas innovadoras.

Pero una empresa con procesos que requieren de combustión fósil no cambiará su fuente energética si no se le presenta una alternativa económicamente viable, tampoco comprará un carro eléctrico un usuario que no recupere su inversión tan rápido como le sea posible en comparación con uno de combustión. Por lo tanto, un reto medular es que la energía que se genere se coloque a precios competitivos. La “tarifa de descarbonización” que propuso el Grupo ICE en el 2023, rondaba de entre 5 a 7,1 centavos de dólar por kilovatio hora (kWh) y aún así, apenas sería asequible para sustituir algunas calderas de combustión (6 centavos de $ por kWh) y aun lejana para la producción de hidrógeno (entre 2 a 5 centavos de $ por kWh).

Todo esto no es antagónico con los intereses de nadie. A las distribuidoras de electricidad esto conviene principalmente para generar economías de escala, cubriendo con su capacidad actual o con nuevas inversiones que agreguen competitividad al sistema, consumos que hoy no se están cubriendo y aumentando así sus ingresos. A la producción nacional, al contar con incentivos y alternativas competitivas que contribuyen a sus costos de producción y, por ende, al empleo del país que se deriva de los aumentos de la producción.

En general, esto conviene al desarrollo económico sostenible del país, pero, sobre todo, para que las futuras generaciones hereden un mundo con mayores niveles de bienestar.