No hay que inventar el agua tibia: Cerrar el país no es una solución sino aplicar la ley

Volando Guayabazos

Se ha vuelto cliché decir que hay un antes y un después de la pandemia, pero no por ser algo repetido tantas veces significa que no sea cierto. Otro cliché es el que la pandemia ha generado desempleo y que las vidas de las personas corren peligro por las nuevas cepas y mutaciones, pero esto no es motivo para que todos muramos de hambre. No es cerrar Costa Rica y destruir la economía sino tomar acciones legales, con base en la Ley General de Salud, contra quienes violen las medidas sanitarias y son responsables de contagiarnos a todos.

Entre la brecha digital y la tasa de desempleo, la cual es únicamente superada por Venezuela, los desaciertos de Carlos Alvarado y su gobierno se dieron cuando no se despacharon policías a las playas y se sancionaron, conforme a la Ley General de Salud, a todos aquellos quienes de manera irresponsable no cumplieron con las medidas básicas de guardar la distancia y usar un tapabocas.

Esa ley establece en su artículo 378 la posibilidad de sancionar con un salario base a quien no cumpla con las órdenes o medidas especiales dictadas por las autoridades de salud, pero a pesar de los conglomerados y los constantes incumplimientos a esa normativa, no se ha sabido de autoridades que impongan sanciones a los infractores.

La cultura de despreocupación y egoísmo hace que la gente no respete el distanciamiento social y, cuando se les pide hacerlo, se molestan. No tiene sentido tampoco obligar a las personas a utilizar el, autobús, cuando no hay medidas para el distanciamiento social, ni éstas son reforzadas por muchas de las concesionarias del servicio de autobuses ni por las autoridades.

Quedó claro que cerrar el país es una medida ilógica y desproporcionada. La misma evidencia empírica demuestra que se están haciendo las cosas mal, pero no por las razones que la mayoría pensaría, sino por la omisión del gobierno en tomar cartas claras contra quienes no cumplen las medidas sanitarias y son dejados por la libre en vez de ser sancionados.

Independientemente de si las personas creen o no en la existencia del virus y de su peligrosidad, ello no es obstáculo para cumplir con las medidas de salud emitidas por las autoridades y corresponde a la Fuerza Pública tomar acciones claras y contundentes cuando observen en el acto a personas que no cumplan con esas medidas.

Lejos de cerrar al país y terminarlo de quebrar, se debe hacer sancionar a los infractores y no castigar a toda la población por la irresponsabilidad de unos cuantos. Lo anterior supone un manejo coordinado entre las autoridades para mostrar una política de cero tolerancia ante los irresponsables y egoístas que no entienden la trascendencia de la enfermedad o que, entendiéndola, no les importa la salud de ellos ni de los demás.

La medida sería conveniente y adecuada porque sería una manera de obtener dinero producto de las multas generadas, a la vez que serviría de lección y así la ciudadanía entienda que hay leyes y éstas deben ser respetadas.

Aparte de implicar ingresos para la Hacienda Pública, existe la posibilidad de que el Estado tome medidas judiciales contra los sancionados por violar las medidas sanitarias, incluyendo establecer cobros judiciales por no pagar esas multas y, en el caso de quienes no tengan cómo responder o estén en situación migratoria irregular, mantener esos cobros judiciales contra aquellos, incluyendo el embargo de las cuentas bancarias, en tanto que a los inmigrantes irregulares deportarlos inmediatamente y tomar todas las acciones para que no ingresen nuevamente al país, sin perjuicio de las acciones legales adicionales que se tomen contra ellos por violaciones al ordenamiento jurídico-migratorio. En el caso de quienes tengan bienes con los cuales responder, el Estado debe solicitar el embargo de esos bienes en caso de que esas multas no sean pagadas.

No es conveniente ni adecuado hacer que justos paguen por pecadores y destruir la economía que está pendiendo de un hilo. Lo importante es tomar decisiones razonadas, vistas a largo plazo, no solo como curitas para tapar una cortadura pequeña cuando lo que hay es un tajo. Esto supone empezar por lo más básico: respetar la Constitución Política y dejar la cultura del “pobrecito” para empezar a aplicar políticas de cero tolerancia contra quienes no muestran el más mínimo grado de respeto ni empatía por los demás.