Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 9 Abril, 2015

Escrito está que el derecho a la libre expresión, publicación y comunicación del pensamiento ni es irrestricto ni es ilimitado


De cal y de arena
Mordaza o ansias reprimidas

Podemos comunicar nuestros pensamientos de palabra o por escrito, publicarlos sin previa censura, sin más límites que los que impone el respeto al derecho ajeno y con la sola sumisión al deber de asumir las consecuencias por los abusos en que incurramos.
Escrito está que el derecho a la libre expresión, publicación y comunicación del pensamiento ni es irrestricto ni es ilimitado. Gozamos de libertad de expresión con los atributos propios del derecho a buscar, difundir y recibir informaciones, ligado este derecho al deber de respetar la intimidad, la vida privada, el honor, el principio de inocencia y los ámbitos en que la ley cautela al menor de edad.
Todo, con la definición propia de los contenidos definidos por la adecuación y la veracidad; los hechos han de estar corroborados en su existencia y conformación. La veracidad es hoy —y así lo reitera la jurisprudencia nacional— el centro rector del ejercicio profesional del periodismo, la nota característica de que el ejercicio de la libertad de prensa no es abusivo. Su ausencia —de haberla— se corrige por dos vías: la del ejercicio del Derecho de Rectificación de Informaciones Inexactas —para enmendar los contenidos en rescate de la veracidad— o la del amparo de los tribunales de justicia llamados a corregir el error y a compensar sus daños. Hay una tercera vía que en las sociedades de alta evolución periodística ha dado muy buenos resultados —en Costa Rica no se practica—: el Ombudsman de la Prensa vela porque la profesión se ejerza con sumisión a sus reglas deontológicas.
Todo esto es el a-b-c de la libertad de prensa y del derecho a la información, infaltable en la instrucción del Derecho y del Periodismo. El dicterio que pretende habilitar al Estado para blandir el alfanje de la cancelación de la concesión cuando la prensa electrónica reincida en la comisión de faltas graves en mucho de apreciación subjetiva (transmisión de noticias falsas, injurias al honor, provocar alarmas sin fundamento, uso de lenguaje vulgar) ha sido parido entre abogados de un ministerio cuyos jerarcas (como ellos tampoco) pueden alegar ignorancia de ese a-b-c que provee con laxitud los mecanismos sancionatorios de los excesos y atropellos. Entonces, ¿qué se oculta? Argüir que su inserto al proyecto de ley en ciernes es solo una forma de poner el tema en debate, más parece un recurso in extremis al que se apela ahora que se desata la repulsa generalizada a lo que parece que ni el Presidente de la República conocía.
La verdad es que este proyecto de ley es una arremetida liberticida contra una de las instituciones cimeras de la democracia, grave error que pasa a añadirse a la cadena de hechos de este gobierno sin propósito fijo, a merced de las circunstancias, al tiro de cubilete, a ver qué pasa.
¿Cómo la ministra del ramo evade responsabilidades ante tema tan delicado? ¿No debería el presidente Solís dar la cara por esta estrepitosa inepcia política? Bien vale recordar al presidente Castro Madriz: “Entre callar a la prensa para defender al gobierno o mantener la libertad de prensa a riesgo de perder al gobierno, escojo lo segundo”.

Álvaro Madrigal