“Modelo macrofiscal” vigente es el origen de récord de homicidios: Analistas

Para encontrar las causas de la violencia que azota al país, habría que hacer un análisis del "modelo macrofiscal vigente", según académicos y otros analistas.

Al llegar a 900 homicidios y un incremento del 41% en relación con el año pasado, se debe hacer un alto en el camino y buscar soluciones.

Lea más: Costa Rica amanece este martes a un solo caso de alcanzar los 900 homicidios

"900 homicidios. ¿A quién culpar? Ni Fuerza Pública, ni OIJ, ni los cuerpos policiales son responsables. Esto es profundo. Factores externos e internos nos llevan al colapso total de la seguridad ciudadana. Empecemos analizando la naturaleza perversa del modelo macrofiscal vigente", dijo Albino Vargas, secretario de la ANEP.

La menor inversión social de los últimos diez años, altibajos en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial, así como una cantidad de policías que es la misma de hace una década, explican por qué Costa Rica registra una cifra récord de homicidios, la penetración del narco y el sicariato.

A ello habría que agregar el impacto de la pandemia en términos de pobreza, pérdida de empleos y falta de oportunidades, que han empujado a muchos jóvenes a estructuras criminales.

En este caso, la menor inversión en todos los ámbitos se explica por la regla fiscal, que limita el crecimiento del gasto público, además del peso de la deuda que supera el 60% del PIB y el déficit fiscal, que contuvieron el gasto del Estado desde el 2018.

La decisión que tomó el país en aquel momento era vital para evitar un descalabro económico que aún es una amenaza.

La guerra entre bandas narcotraficantes por territorio explica la violencia, pero la causa es mucho más profunda, según los especialistas.

Por ejemplo, para el próximo año se proyecta una inversión social del 9.7% del PIB, lo que representa la cifra más baja en una década, al considerar instituciones clave como el Ministerio de Educación, Trabajo, Vivienda y Cultura, según la UNA.

"Las altas tasas de homicidio y violencia callejera son el resultado de una dinámica social y económica excluyente", dijo Carlos Carranza, sociólogo e investigador de la Universidad Nacional.

Para el período 2018-2024, el gasto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dirige una serie de programas sociales y becas, pasará de ¢474 mil millones a ¢452 mil millones, a la vez que hay fondos que no se ejecutan y altibajos para el período.

Asimismo, la inversión en educación está congelada y con una leve tendencia a la baja, según se desprende de los datos de Hacienda.

En cuanto al Poder Judicial, su presupuesto estuvo sin mayores movimientos entre el 2018 y el año pasado, mientras que Seguridad Pública tuvo aumentos y rebajas.

En ambos casos, las dos instituciones ya tienen un mayor presupuesto, pero el país está con el agua al cuello.