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Retraso del proceso generó dudas a tres de las empresas que tienen un plan de inversión para el país, según informe obtenido por LA REPUBLICA
Millones de apertura celular en veremos
Lucha interna entre Herrero y Miley, ex regulador y presidente de Sutel, es uno de los lunares que opaca el proceso



La apertura del mercado de telefonía celular se ha convertido en una prueba de paciencia para las empresas interesadas, así como una posible gran pérdida de inversión en el país.
El retiro de uno o más de los concursantes tendría el efecto de devaluar el precio que los demás pagarían en la subasta para conseguir uno de los tres nuevos campos, con el resultado que el público pierda un monto significativo.
El viernes entrante, por cierto, habrá una reunión en la que participarán los representantes de América Móvil, Cable&Wireless, Digicel, Millicom y Telefónica, quienes pedirán cuentas respecto al avance del proceso de apertura.
En esa cita, los gerentes de las multinacionales comprobarán si Costa Rica ofrece o no la seguridad para invertir millones de dólares en el país.
Ante este panorama incierto, la Presidenta el viernes pasado convocó a los funcionarios involucrados a una sesión urgente para allanar el proceso; no obstante, se desconoce el resultado.
La falta de claridad en el proceso fue la gota que derramó el vaso y la paciencia de los gerentes de las firmas interesadas, quienes desde noviembre hicieron ver su disconformidad, según se desprende de un acta de la junta directiva de la Aresep obtenida la semana anterior por LA REPUBLICA.
“El representante de Millicom señaló que esa compañía va a dejar de invertir $1.500 millones que ya tenía aprobados por la oficina de Luxemburgo para infraestructura y fibra óptica. Además, Tigo no va a participar porque no existe seguridad jurídica en Costa Rica”, dice el documento.
Igualmente citó que Digicel se iba a retirar si el tema de los enlaces microondas no se resolvía, mientras América Móvil pidió seguridad jurídica para la comparación de infraestructuras y frecuencias, y de no tener esas garantías, también estaba lista para salir del país.
En el caso de Millicom, la frustración se debía porque el Instituto Costarricense de Electricidad rezagaba la posibilidad para que Amnet se conectara directamente al cable submarino que les permite ser proveedores directos de Internet, explicó Alberto Raven, abogado de Millicom en el país; logro que consiguió recientemente.
En el caso del Digicel, la problemática de los enlaces microondas no se resolvió hasta este mes, y la empresa aún estudia la evolución de este tema, así como el cumplimiento del nuevo Plan Nacional de Telecomunicaciones, confirmó Antonia Graham, directora de Relaciones Públicas de Digicel.
Sin embargo, la situación no parece haber mejorado mucho en los últimos meses, actualmente se presentan luchas internas entre poderes políticos, como el enfrentamiento entre Fernando Herrero, ex regulador general, hoy ministro de Hacienda, y George Miley, presidente de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Herrero culpa a Miley por supuestamente detener el calendario del proceso, que pretendía tener lista la subasta para el 6 de mayo.
Por su parte, Miley asegura que la infraestructura necesaria no estaba resuelta, refiriéndose específicamente a la falta de enlaces de microondas, los cuales son necesarios para que las empresas puedan interconectar las llamadas telefónicas.
Esta situación podría debilitar la subasta de tres cupos para competir contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el mercado celular.
Lo anterior debido a que cuantas más empresas participen, más dinero podrían ofrecer para ganar uno de los tres espacios disponibles. Caso contrario es si se retira algunas de ellas. Esta posición es confirmada por estudios del Banco Mundial.
Independientemente de lo que digan los representantes del Gobierno, las firmas concursantes han visto incumplimientos en fechas que opacan un proceso ahora inmerso en dimes y diretes sobre transparencia.
“Creo que el país ha tenido problemas de reputación frente a procesos de licitación de obra pública, y que podrían trasladarse al área de telecomunicaciones. Es el momento propicio para que haya una declaración explícita del Poder Ejecutivo para devolver la credibilidad en las garantías que ofrece el país”, consideró Víctor Umaña, investigador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.
Este viernes estarán los representantes de las cinco firmas que tienen interés en Costa Rica, y por eso resulta oportuno que el Gobierno dé alguna señal de garantías al proceso.
De forma extraoficial, se conoce que a finales de la semana anterior, la presidenta Laura Chinchilla convocó a los responsables del sector de telecomunicaciones para mediar en la búsqueda de puntos de acuerdo, y generar las condiciones para continuar el proceso.

Daniel Chacón
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