Méritos y pendientes en primer año de gobierno

El Sr. Presidente don Carlos Alvarado acató el mandato constitucional (inciso 4 del artículo 139) y presentó su mensaje “relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político dela República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación”. Con ello dio cumplimiento a un mandato que en nuestro proceso constitucional se origina desde el artículo 36 del Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica de marzo de 1823: “Dará cuentas (la Diputación Provincial integrada por 3 miembros que se encargaba del Gobierno) de sus operaciones a este Congreso provincial.”

Dos méritos innegables resalta su labor: la construcción de acuerdos políticos para poder tomar decisiones y enfrentar con firmeza la seria situación fiscal heredada.

Nuestra realidad política cambió sustancialmente del bipartidismo imperante en la segunda mitad del siglo XX, y dio pasó al multipartidismo y a la fragmentación al interior de los partidos tradicionales. Ello demandaba un cambio de nuestro marco institucional presidencialista, y desde 2001 propuse migrar hacia uno semi-parlamentario. Presentamos la respectiva propuesta de reforma constitucional para lograrlo, pero no se dio.

El gobierno de don Carlos Alvarado fue el primero que -ante la realidad política y la falta de adaptación de la estructura jurídica presidencialista a esa nueva circunstancia- actuó para de hecho conformar un gobierno con participación de funcionarios políticos de diversos partidos, y además encontró buena respuesta en los partidos con representación legislativa que unieron esfuerzos para poder tomar decisiones que por años habían sido postergadas. Sin este importante cambio, que fue valiente pues significa un alto costo político con los partidarios del Presidente, no se habría logrado el clima apropiado en la Asamblea Legislativa y en el país para la toma de esas decisiones pospuestas con elevado costo.

Ciertamente la actuación del Presidente Alvarado y de los partidos mayoritarios durante este primer año se debe a su voluntad y no a un cambio institucional que se adopte a las nuevas circunstancias. La institucionalidad no se ha cambiado a excepción de la muy importante y meritoria reforma efectuada al reglamento legislativo, que también es fruto de la decisión de los actores políticos de actuar conjuntamente.

El Sr Presidente resalta en su informe como un gran desempeño la estabilidad económica. Esa estabilidad no es una novedad que acaeció con el advenimiento de esta administración. Desde 2015 hemos vivida con una inflación muy baja, incluso por debajo de la meta inferior fijada por el BCCR, gracias a condiciones externas de caída en precio de nuestras importaciones y a una política cuidadosa del ente emisor.

Lo que sí es muy cierto es que esa estabilidad estaba gravemente amenazada por las condiciones fiscales que prevalecieron desde la Gran Recesión y que se agravaron con las irresponsables políticas de gasto público de la anterior administración. Estábamos al borde de un despeñadero fiscal de tremendas consecuencias sociales y económicas. Y tienen razón el Presidente, la Ministra de Hacienda y sus colegas del sector económico, las Diputadas y Diputados y la Sala Constitucional de sacar pecho y rescatar el gran aporte que el año pasado dieron al país al aprobar la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Son también meritorias las realizaciones en infraestructura y en seguridad ciudadana.

En el primero de esos campos se ha empezado a eliminar las trabas que impedían la ejecución de obra pública, se multiplicó su construcción y el futuro luce esperanzador. En seguridad ciudadana ha disminuido la incidencia de diversos delitos, incluyendo los homicidios que han disminuido por primera vez desde 2014.

Podría citar varios pendientes. Me refiero a dos.

Brevemente expreso que en el campo de la calidad y extensión de la educación pública y en lo tocante a la capacitación laboral la tarea está por verse.

Por otra parte la reactivación económica y la generación de empleo son tareas claramente pendientes. Reconozco que el gobierno ni es el que produce ni el que acelera la producción, ni puede salvo en infraestructura crear directamente empleo con la actual situación fiscal en transición hacia su equilibrio. Lo que puede y debe hacer es crear condiciones para que trabajadores y empresarios, ahorrantes e inversionistas tengan incentivos para acelerar el crecimiento.

Se han efectuado importantes esfuerzos por simplificar algunos trámites en permisos de salud y de construcción, se ha creado la ventanilla única de inversión (repite la exitosa experiencia de la ventanilla única de exportación), se dictó la directriz para bajar el costo de la intermediación financiera, se estableció una tarifa eléctrica preferencial para grandes consumidores industriales (aun alta) se han establecido algunos incentivos para la formalización de las empresas y algunos para apoyar a las pymes.

Pero esto es insuficiente Venimos con un proceso de desaceleración desde 2015 y el desempleo es monstruoso. Se requiere que con el mismo ímpetu, compromiso y valentía con que el gobierno encabezado por el Presidente se enfrentó a la situación fiscal en 2018, lo haga ahora frente al reto de acelerar el crecimiento económico. Se deberá actuar con dramatismo para cambiar las pesimistas expectativas que hoy viven empresarios y consumidores.