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Tanto el Congreso como el resto de las instituciones del Estado deben reformar su estructura administrativa y mejorar sus controles de calidad y eficiencia

Menos gasto y más eficacia

Nuestra Asamblea Legislativa es el tercer Congreso más caro para sus habitantes en América Latina, si lo vemos en forma proporcional al presupuesto nacional. Así lo concluye el estudio “Cuánto gana y cuánto gasta la Cámara de Diputados”, publicado recientemente por el Centro de Investigación y Docencia Económica de la red del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, dado a conocer por este medio ayer en un ranking.
El gasto depende de las características, el tamaño, la población y la organización interna, según lo señala el documento, basado en datos de 2010.
El Congreso más caro de la región, en forma absoluta, es el de Brasil, con el presupuesto más alto y donde sus legisladores obtienen salarios de $15.900 mensuales, más que sus pares en Alemania, Reino Unido o España, de acuerdo con este informe.
Le sigue el de Uruguay, que cuesta más caro por tener una menor población, a pesar de ser de los congresos con menor presupuesto. Sus diputados, sin embargo, ganan unos $7.100 mensuales.
Quizás lo interesante de analizar con respecto a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es que es el país que más recursos otorga a su Poder Legislativo, como proporción del presupuesto nacional, aunque el salario de sus diputados es de $4.995 mensuales.
Es decir que, más allá del estipendio de los congresistas, el resto del abundante presupuesto de que dispone el Primer Poder de la República se va en su estructura administrativa. Es ahí donde se deben centrar la atención y los interrogantes. ¿Por qué no puede ser más eficaz y austera nuestra Asamblea Legislativa?
El reto sin duda es lograrlo, pero no solo en el Congreso, sino en todas las instituciones del Estado.
Al igual que lo señala el estudio que hoy nos pone frente a esta realidad, debemos “pasar de una realidad política, en donde el dinero público se maneja como si perteneciera a quien ejerce el gasto, a una en donde se conciba que ese dinero pertenece a los ciudadanos quienes saben cómo se gasta y se le rinden cuentas sobre la eficacia en el uso de estos recursos”.
Es decir, que debemos pasar ya al Estado profesional y eficiente del que tantas veces hemos hablado en este espacio, en el que el dinero público se gaste en función de la mejor calidad de vida que las instituciones deben lograr para los ciudadanos y en donde dicho gasto sea apegado a la mayor eficacia y austeridad.


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