Matrimonio igualitario pide la palabra en “año de impuestos”
La nueva iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario está a expensas del debate fiscal y la intransigencia de los diputados del denominado “bloque cristiano”. Shutterstock/La República
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El 2016 se perfila como el año en que el tema tributario exprimirá buena parte de la agenda en la Asamblea Legislativa, lo que podría perjudicar el avance de una nueva iniciativa para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Se trata de un proyecto de ley presentado el pasado 10 de diciembre, que cuenta con el respaldo de 12 diputados de fracciones de Acción Ciudadana, Frente Amplio y Liberación Nacional, así como con la firma de 55 mil costarricenses.
La propuesta podría caer en el lugar común de los años anteriores: “hay temas más importantes por discutir”.
La iniciativa, de no contar con el músculo político necesario, pasaría a un segundo o tercer plano, si se toma en cuenta que las prioridades del gobierno se enfilan a impulsar proyectos para aumentar impuestos, a raíz del creciente déficit fiscal, que cerró 2015 en casi el 6% del PIB.
La incorporación del IVA y renta global, sumados a otros proyectos para reducir el gasto público, son prioritarios para el Gobierno y los diputados, quienes no llegan a grandes consensos, debido a que el Ejecutivo aún no da señales de austeridad suficientes para pedir nuevos impuestos, según legisladores de oposición.
El proyecto pretende equiparar los derechos de las parejas homosexuales con los que actualmente poseen las heterosexuales, a diferencia del fallido proyecto de sociedades de convivencia, que creaba una figura legal para el reconocimiento de estas uniones.
Los proyectos de esta índole han chocado contra la férrea oposición del bloque cristiano de la Asamblea, conformado por Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Fabricio Esquivel, de Restauración Nacional; Gonzalo Ramírez y Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense.
La nueva iniciativa es liderada por el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), que pretendía presentar el proyecto mediante el mecanismo de iniciativa popular, pero ante la dificultad de reunir unas 150 mil firmas requeridas, tomó otro camino.
“Tenemos claridad que mientras no cambie el reglamento pues la táctica de bloquear todo con mil mociones sin sentido será la constante. En todo caso, este tipo de proyecto requiere acompañamiento de acciones para un cambio a nivel sociocultural”, comentó Larissa Arroyo, dirigente del FDI.
El nuevo proyecto también cuenta con el apoyo de grupos como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la Iglesia Luterana, el Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos para América Central y la Plataforma Liberal Progresista, entre otros.

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