Un gobierno rinde cuentas si los ciudadanos pueden hacer escuchar sus demandas y sancionar a las administraciones que hacen oído sordo a sus reclamos políticos

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Más rendición de cuentas

El reclamo ciudadano por mayor rendición de cuentas del gobierno central, o bien de gobiernos locales, señala esa práctica como un engranaje saludable e indispensable para afianzar su legitimidad para la gobernabilidad democrática.
El concepto de rendición de cuentas expresa uno de los valores centrales de la democracia, en donde el gobierno o los gobiernos locales deben someterse a una multiplicidad de controles a fin de asegurar el manejo responsable de los asuntos públicos.
Lo que implica que ese concepto esta íntimamente relacionado con la idea de gobierno representativo, y más en particular, con el proceso de delegación de poder que toda representación supone a partir de la delegación periódica de poder que los votantes realizan en cada acto electoral.
Está claro, el concepto de rendición de cuentas refiere a la posibilidad de obligar a los funcionarios públicos a que informen y justifiquen acerca de sus decisiones, por un lado, y de que puedan, por el otro lado, ser eventualmente sancionados por su accionar.
La rendición de cuentas es una relación caracterizada por tres aspectos:
1) Primero es externa, es decir, supone un acto de control o supervisión por parte de alguien que no es miembro del cuerpo o agencia sujeta a fiscalización;
2) segundo, implica una interacción o un intercambio bidireccional (la demanda de respuestas, una respuesta, y eventualmente la rectificación), y
3) tercero, supone el derecho de una autoridad superior a exigir respuestas, en el sentido de que los que demandan explicaciones lo hacen en función de poseer la autoridad para hacerlo y para eventualmente imponer sanciones.
La noción de rendición de cuentas encierra una dimensión legal y una política. La dimensión legal hace referencia a aquellos mecanismos institucionales diseñados para asegurar que las acciones de los funcionarios públicos estén enmarcadas legal y constitucionalmente.
La dimensión política del concepto refiere, en cambio, a la capacidad de la ciudadanía para hacer que las políticas gubernamentales reflejen sus preferencias.
Un gobierno rinde cuentas si los ciudadanos poseen mecanismos efectivos de hacer escuchar sus demandas y de sancionar a aquellas administraciones que hacen oído sordo a sus reclamos políticos.
La presencia de mecanismos supone una serie de herramientas de control, sólidas y efectivas de la gestión pública que le proveen al ciudadano un reaseguro institucional contra eventuales acciones inescrupulosas o poco responsables por parte de funcionarios públicos.
Finalmente, agencias de control estatal como las cortes, las auditorías, las controlarías, las defensorías, las fiscalías, etc., aseguran al ciudadano que en caso de que la confianza que los mismos han depositado en sus representantes se vea traicionada por parte de funcionarios corruptos o inescrupulosos, se activarán procedimientos orientados a investigar y sancionar a los responsables.

Luis Fernando Allen Forbes
Director ejecutivo
Asociación Salvemos el Río Pacuare
Lfaf05@yahoo.com