Más presupuesto para el Tribunal Ambiental
Las organizaciones locales deben sumarse a lo que debería ser una acción permanente de los ayuntamientos para vigilar, denunciar y detener cualquier actividad que incurra en daños al ambiente
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 02 septiembre, 2010
En apenas ocho meses arrancaron 18 desarrollos inmobiliarios en la Península de Nicoya, de los cuales diez están bajo la lupa de las autoridades por presuntos daños al ambiente.
El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) fue quien descubrió la situación y podría solicitar medidas cautelares en los próximos días en contra de las empresas correspondientes.
De acuerdo con lo publicado por este medio hoy, estarían causando una afectación parcial del bosque, tala ilegal, destrucción de zonas de recarga acuífera, terraceo en algunas montañas y la construcción de calles en zonas no permitidas.
Lo que resulta difícil de comprender o, más bien, injustificable, es que las autoridades locales permitieran avanzar este atentado contra el ambiente durante tantos meses.
Si no existen los permisos correspondientes o se hacen cosas diferentes a las manifestadas al solicitar esos permisos, son las autoridades locales, por su cercanía con los lugares de acción, las que tienen la obligación de detectar las irregularidades.
El TAA, con el reducido presupuesto y recursos con que cuenta, realiza una encomiable labor, pero esta no es apoyada por otras entidades e incluso, su trabajo no es reconocido puesto que en vez de aumentársele su presupuesto, como debería ser, se le disminuye. Una total incongruencia con el discurso de protección a los recursos naturales.
La lógica indica que deberían ser las propias empresas que hayan incumplido con lo que establece la ley, en este sentido, las que deberían pagar multas lo suficientemente compensatorias como para que de ellas se sustentara el presupuesto para más plazas y recursos para el TAA.
Vemos como en el país hay empresas que, responsablemente, se suman a la corriente que busca producir y brindar servicios de la mano con el ambiente, mientras otras causan graves daños con una gestión que transgrede las leyes y la ética.
Las autoridades gubernamentales deben hacer lo posible por mejorar los recursos del TAA y las organizaciones locales de todo tipo deben sumarse a lo que debería ser una acción permanente de los ayuntamientos para vigilar, denunciar y detener cualquier actividad que incurra en daños al ambiente.
Es imperativo que las diferentes labores de los gobiernos locales se vean surcadas transversalmente por el eje de la protección ambiental, sin el cual ya no puede ser viable ningún desarrollo. Es imprescindible que los miembros de cualquier ayuntamiento demuestren con hechos su posición al respecto y deban rendir cuentas a sus comunidades.