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El trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuido que realizan las mujeres ayudan a sostener la economía del país

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Más derechos para mujeres: ¡Igualdad!

La protección de un sector de la población que ha sido históricamente discriminado y violentado durante siglos, y las acciones afirmativas que buscan su trato en condiciones de igualdad, no pueden ser consideradas bajo ningún punto de vista como “bumerán.”
Se trata, precisamente, de avanzar en la protección de las mujeres frente a todas las formas de discriminación y violencia. Y esto, es un compromiso que Costa Rica ha asumido en diversos instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, que deben cumplir las instituciones públicas, los gobiernos locales, la empresa privada y la sociedad en general.
Por eso, es preocupante cuando en un medio de comunicación masiva, una empresaria  nacional afirma que “aumentar las garantías laborales a favor de las mujeres provocaría que contratar a una mujer con la misma experiencia de un hombre resulte más costoso.” (La República, 29 de octubre de 2012.)
Tal afirmación parece desconocer la realidad imperante, en donde una mujer con la misma experiencia que un hombre tiene un menor salario por el simple hecho de ser mujer. En este sentido, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2012) titulado “Nuevo siglo, viejas disparidades” señala una brecha de género en ingresos laborales comparando individuos con los mismos atributos, de más del 15% para Costa Rica.
Por otra parte, sabemos que el trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuido que realizan las mujeres ayudan a sostener la economía del país. Estimaciones de la Conferencia Regional sobre la Mujer 2011 señalan que estos trabajos no remunerados constituyen entre el 25% y el 30% del PIB de los países en América Latina.
Además, sabemos que las mujeres enfrentan en sus trabajos el techo de cristal y que son pocas las que logran llegar a los puestos más altos dentro de las empresas y las instituciones públicas. 
Así mismo, las mujeres son más vulnerables al acoso sexual y laboral, muchas están en el sector informal y la mayoría cumplen dobles y triples jornadas de trabajo. Nuestro actual paradigma económico es evidentemente androcéntrico.
Entonces, en estas condiciones, ¿podemos hablar de igualdad real? Por supuesto que no, y por eso el Estado y la empresa privada deben implementar acciones y para ello no basta con no discriminar; deben crearse medidas especiales de atención a las mujeres, como los centros de cuido, la revisión de los requisitos para ocupar puestos gerenciales, la amplitud de las licencias de maternidad, y la protección ante todas las formas de acoso sexual y laboral, por mencionar algunos ejemplos.
Es que, como bien lo explica la académica Isabel Torres el principio de igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia: se otorga el mismo valor a personas diversas integrantes de una sociedad. En este sentido, hombres y mujeres somos igualmente diferentes, y debemos ser tratados con equidad.
Por lo tanto, sostener que las acciones afirmativas a favor de las mujeres en el ámbito laboral eleva los costos de producción de las empresas, no solo es contrario a los Derechos Humanos, constituye una forma más de discriminación y violencia, que no puede ser pasada por alto.

 

Siany Villalobos Argüello
Subjefa fracción PLN