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COLUMNISTAS


Más inseguridad

Natalia Díaz [email protected] | Jueves 07 febrero, 2019


La inseguridad en Costa Rica dejó de ser una simple percepción para constituirse en una realidad constante que nos afecta a todos, ya sea directamente como víctimas de un hecho delictivo, o bien, a un pariente, conocido o vecino. Son experiencias negativas que ocurren con total normalidad en nuestra vida cotidiana.

Es nuestro compromiso revertir esta situación que se ha convertido en una de las más sensibles para nuestro entorno, producto de la falta de oportunidades. Lo anterior genera brechas cada vez más amplias entre los diversos sectores de la población, así como la pérdida de valores en el ámbito familiar y luego en el educativo.

Por otra parte, existe una relación directa entre la pobreza y la incidencia de criminalidad. Hace unos días el INEC presentó un dato conmovedor donde se informó que el 12% de nuestra población económicamente activa (15 a 65 años), se encuentra desempleada; 300 mil costarricenses en riesgo de caer en niveles de pobreza, si no es que ya están incluidos en parte de ese porcentaje. Lo más triste de este dato, el más alto de las últimas décadas, es que cerca del 70% de ese desempleo se da en las poblaciones juveniles entre los 15 y los 34 años; la mayoría mujeres con una tasa de desempleo del 15% y un 86% del desempleo total se explica por cesantes, es decir, personas que tenían un empleo y lo perdieron a consecuencia de la desaceleración económica que vive nuestro país. El desempleo causa exclusión, falta de oportunidades y problemas sociales cada vez más complejos, como la delincuencia, el narcotráfico, la violencia intra y extrafamiliar, frustración profesional, entre otros.

Una de las formas en que los gobiernos han tratado de enfrentar este problema es por medio de asistencialismo social, el cual no ha logrado atacar las raíces de tal situación y más bien ha desviado recursos que bien pudieron servir para buscar soluciones mucho más efectivas y menos cosméticas.

El Estado tiene la responsabilidad de fomentar la inversión privada, la verdadera generadora de empleos en una economía; sin embargo, la actitud ha sido otra, introduciendo más tributos a un sector empresarial cada día más complicado para poder salir adelante, y también a los consumidores, cada día con un menor poder adquisitivo con los ingresos que reciben.

De los 2,2 millones de personas ocupadas, el 87% lo genera el sector privado y de los 170 mil nuevos empleos creados en 2018 cerca de un 90% fueron creados por dicho sector. Lo contradictorio es que el nivel promedio mensual de ingresos percibidos es de ¢974 mil en el sector público y ¢360 mil en el sector privado, no producto de diferencias en el nivel de productividad de ambos sectores, sino de los más de 130 diferentes incentivos o pluses salariales provenientes de las convenciones colectivas.

Mientras tanto, los proyectos de micro y pequeñas empresas no parecen recibir el acompañamiento necesario. Banca para el Desarrollo duerme el sueño eterno. Solo el año pasado, 56 mil emprendedores no pudieron continuar con su negocio.

Las señales son claras, la gente necesita comer, y la cacareada agenda de reactivación económica no parece tener el ímpetu que sí tuvo la aprobación del Plan Fiscal. Ahora tenemos más impuestos, pero nada de reactivación. La agenda gubernamental parece inclinarse por recorrer otros países para denunciar los problemas del vecino del Norte.

Parafraseando a Einstein, si queremos resultados diferentes debemos apostar por ideas diferentes. Eso implica acercarse al sector productivo y crear en conjunto un modelo de generación de empleo eficiente, fortalecer el programa de educación dual y crear una política nacional de enseñanza del inglés conversacional y de nuevas tecnologías. Desde hace largo rato, vengo insistiendo en involucrar a los gobiernos locales, para que estos también colaboren en la identificación de las necesidades formativas de su población, de acuerdo con la oferta laboral actual y la que se tiene proyectada.

El Ministerio de Planificación no se visualiza y tengo el convencimiento que es en Casa Presidencial donde se debe gestar esa coordinación horizontal, Mideplan - Dinadeco y gobiernos locales, que son el trípode para cimentar la coordinación de las acciones requeridas para ello. También el Ministerio de Economía, Industria y Comercio debe iniciar un proceso de desregulación serio, simplificar reglamentos, directrices y decretos que han saturado la actividad económica de barreras y normativa innecesaria en el país. Finalmente, los bancos del Estado han perdido su norte y justificación de su asistencia, convirtiéndose cada vez más en entidades ineficientes que no facilitan el acceso al financiamiento de los más necesitados para emprender sus ideas y promover el desarrollo.

Le restan tres años a la administración Alvarado Quesada, y todavía estamos a tiempo para orquestar todos esos esfuerzos dispersos en la maraña institucional de la administración pública. Los buenos deseos deben transformarse en acciones concretas. Solo así podremos pensar en una Costa Rica más segura, con más empleos y con mayor libertad.





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