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Un total de 28.104 solicitudes de medidas de protección por violencia doméstica registró el Poder Judicial durante los primeros seis meses de 2026.
La cifra representa 384 más que las registradas entre enero y junio del año anterior.
El panorama también incluye casos de violencia sexual y muertes violentas de mujeres.
Durante el primer trimestre de 2025, el Ministerio Público registró 3.260 víctimas de violencia sexual.
Las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representaron el grupo más afectado.
A esto se suman los femicidios. Entre 2025 y el 10 de junio de 2026 se contabilizaron oficialmente 45 casos en el país: 36 durante 2025 y nueve en los primeros meses de este año.
Además, para esa fecha permanecían en análisis 13 de las 22 muertes violentas de mujeres registradas en 2026, por lo que algunos de estos casos podrían ser clasificados posteriormente como femicidios.
Estas cifras muestran la necesidad de que las decisiones y políticas públicas se construyan a partir de evidencia científica y estadísticas oficiales, de acuerdo con especialistas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Las académicas defendieron el uso de conceptos desarrollados por distintas disciplinas para comprender las causas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres.
“La violencia contra las mujeres está ampliamente documentada por la evidencia científica y por las estadísticas nacionales, conceptos como interseccionalidad, violencia reproductiva o masculinidades permiten comprender los factores que incrementan el riesgo y orientar mejores estrategias de prevención, atención y sanción”, dijo Ana Rita Argüello, investigadora y docente de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED.
Por su parte, Zarelly Sibaja, encargada del Instituto de Estudios de Género de la UNED, explicó que el lenguaje utilizado por la investigación científica permite reconocer, medir y comprender diferentes formas de violencia y desigualdad.
"Nombrar las distintas manifestaciones de la violencia no crea el problema; permite reconocerlo, medirlo y comprenderlo para enfrentarlo, cuando la investigación identifica patrones y desigualdades estructurales, ofrece insumos para proteger mejor a las mujeres y las niñas”, agregó Sibaja.
El pronunciamiento surgió después de que la representación de Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazara el uso de algunos de estos conceptos.
Las especialistas insistieron en que el debate público debe considerar la evidencia disponible para fortalecer las respuestas institucionales dirigidas a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.
