Más consecuencias de una huelga improcedente

Los recientes fallos de algunos jueces de la República, de declarar como legales las huelgas en varias instituciones del Estado, entre ellas, el mismo Poder Judicial, lamentablemente, ya no nos asombra y si bien somos respetuosos de las sentencias, consideramos oportuno levantar la voz para esgrimir algunas de las razones por las cuales reprochamos tales decisiones.

Como representantes del sector productivo y generadores del 86% del trabajo en Costa Rica, consideramos las resoluciones injustas, perjudiciales y en cierto punto hasta ofensivas, para una sociedad que durante las semanas de huelga siguió trabajando, a pesar de los múltiples obstáculos que ocasionaron los sindicatos al país, por simples caprichos, pues su insistencia de que se sacará de la corriente legislativa el proyecto fiscal, nunca ocurrió y el texto siguió su trámite normal.

Vamos a uno de los casos puntuales, la huelga en RECOPE declarada legal. La sola resolución de los señores jueces causa indignación, dolor y estupor, de ver la sociedad en la que nos podemos convertir, pues lo que parece estarse avalando son los actos vandálicos y las pérdidas millonarias que se provocaron al patrimonio de la institución. Hechos tan graves que hoy el Ministerio Público mantiene a un sospechoso en investigación por eso actos.

El reclamo de la ciudadanía, es cómo llegaron a considerar los señores jueces que el suministro de hidrocarburos no es esencial. Señores jueces, sin combustible este país se paralizaría y con ello, la productividad de Costa Rica.

Hace tan solo una semana, el Informe del Estado de la Nación detallaba que el 72% del motor económico de Costa Rica se basa en el uso de derivados del petróleo. Quizás con ese dato, se entienda mejor lo que es un servicio esencial.

Esto nos lleva a otro tema y es la urgente revisión que debe hacerse a la Reforma Procesal Laboral. El vaivén de las interpretaciones a esta ley convierte a esta legislación en un obstáculo y donde se acentúan los problemas de mora judicial.

Ya lo dijo acertadamente la Procuraduría General de la República en un comunicado de prensa la semana pasada al declararse ilegal la huelga en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes: “La declaratoria de ilegalidad se suma a otras dictadas con anterioridad (incluidas de segunda instancia), donde, a diferencia de los fallos que precedieron a la Reforma Procesal Laboral, no ha habido uniformidad de criterio, con la consecuente inseguridad jurídica”.

Desde la Unión de Cámaras consideramos oportunas las gestiones que se realizan en el seno de la Asamblea Legislativa para modificar la Reforma Procesal Laboral, pues es más que evidente la urgencia de cerrar portillos que permitan abusos sindicales, pues con el texto dado existe la posibilidad de suspender trabajos en servicios esenciales y no hay rebajo de salarios.

En este país, es obligación de todos trabajar para mejorar nuestra legislación, pues es hora de sentar responsabilidades. No juguemos más con Costa Rica.