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Al calor de la creciente disputa entre la presidenta Laura Fernández y el Poder Judicial por el nombramiento de los magistrados suplentes, Marta Esquivel, diputada oficialista de Pueblo Soberano, propuso una reforma constitucional para quitarle a la Corte Suprema de Justicia toda potestad en la designación de dichos funcionarios.
Actualmente, el órgano máximo del Poder Judicial tiene la facultad de proponer a la Asamblea Legislativa los nombres de los posibles magistrados suplentes y, a partir de ahí, el Congreso termina por definir, con 38 votos, las designaciones.
Sin embargo, este procedimiento se encuentra varado desde hace siete meses, ya que la bancada oficialista de Pueblo Soberano (31 legisladores) ha vetado la lista enviada por la Corte Suprema de Justicia en 11 ocasiones.
Esto hizo que la Sala IV prorrogara de manera indefinida los nombramientos de los actuales funcionarios hasta que el Congreso tome una decisión, lo cual molestó a la presidenta Laura Fernández, quien calificó de “golpe de Estado” la decisión de la Sala IV.
Para mediados de julio, al menos 120 costarricenses esperaban una resolución judicial sobre medicamentos, pensiones, becas y vivienda, entre otros temas.
Paralelamente, la legisladora, en compañía de su compañera de fracción Kattya Mora, también presentó otros planes para ampliar los delitos bajo los que una persona costarricense puede ser extraditada, así como una reforma al artículo 24 de la Carta Magna para incorporar el derecho a la autodeterminación informativa.
