Maras paralizan transporte en El Salvador
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 09 septiembre, 2010
Maras paralizan transporte en El Salvador
Amenazan con atacar a los conductores para exigir que se vete una ley en su contra
El transporte colectivo en El Salvador continuaba ayer por segundo día parcialmente paralizado, bajo las amenazas de pandillas que están afectando a ese sector y al comercio, pese a que soldados y policías custodian las calles para garantizar el servicio a los pasajeros, según medios locales.
Cientos de personas se movilizan en camiones particulares y militares habilitados para cubrir las rutas hacia San Salvador y en esta capital, después de que las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Mara 18 (M-18) amenazaran con atacar a los conductores y sus vehículos para exigir que se vete una ley en su contra.
Medios locales han reportado que alrededor de 15 rutas están prestando el servicio, al tiempo que se mantiene suspendido desde la localidad de Soyapango a San Salvador y hacia el oriente del país.
“El Gobierno está haciendo la parte que le corresponde en el sentido del dispositivo de seguridad, incluso, lo que es prestar el acompañamiento a las unidades. Sin embargo, hay algunos empresarios que han decidido no sacarlas”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, al canal 33 de la televisión local.
Confirmó que desde este lunes se puso en marcha un “dispositivo” de seguridad, que incluye patrullas en las zonas “más problemáticas” y en las terminales de autobuses.
“El llamado que yo quería hacer es que saquen sus unidades, que hay seguridad en la calle y que eso le va a beneficiar al pueblo salvadoreño”, dijo Melgar.
El ministro señaló que “se trata de amenazas”, de “llamadas telefónicas, chantaje”, pero indicó que “cuando se atreven a actuar son capturados”.
El ministro de Defensa, David Munguía Payés, ha dicho a medios locales que unos 2 mil soldados más se han sumado a las tareas de seguridad, en tanto que el comandante de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, estimó en 5 mil los agentes que esa institución ha destinado para resguardar las calles y el transporte.
Ascencio explicó al canal 33 que han sido capturados cinco presuntos responsables de la quema ayer de un microbús en Chalchuapa (oeste) y dos más señalados de incinerar una “mototaxi”, mientras que otros dos fueron detenidos como presuntos autores de un ataque con granada contra un retén policial.
El jefe de la delegación en el centro de San Salvador de la PNC, Gersan Pérez, indicó a Efe que la situación en esa zona capitalina se mantiene en calma, aunque se nota la disminución en la cantidad de rutas del transporte.
Según constató Efe, en el centro capitalino se observan menos vehículos del transporte colectivo, mientras que el comercio ha bajado su actividad, debido al cierre de varios establecimientos.
La MS y la M-18, las principales pandillas del país y tradicionalmente enfrentadas, exigen al Gobierno del presidente Mauricio Funes que no avale la “Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”, que el Parlamento aprobó el pasado 1 de septiembre.
La norma penaliza la pertenencia y financiación de esos grupos y eleva hasta diez años las penas de cárcel por ese delito.
San Salvador
EFE
Amenazan con atacar a los conductores para exigir que se vete una ley en su contra
El transporte colectivo en El Salvador continuaba ayer por segundo día parcialmente paralizado, bajo las amenazas de pandillas que están afectando a ese sector y al comercio, pese a que soldados y policías custodian las calles para garantizar el servicio a los pasajeros, según medios locales.Cientos de personas se movilizan en camiones particulares y militares habilitados para cubrir las rutas hacia San Salvador y en esta capital, después de que las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Mara 18 (M-18) amenazaran con atacar a los conductores y sus vehículos para exigir que se vete una ley en su contra.
Medios locales han reportado que alrededor de 15 rutas están prestando el servicio, al tiempo que se mantiene suspendido desde la localidad de Soyapango a San Salvador y hacia el oriente del país.
“El Gobierno está haciendo la parte que le corresponde en el sentido del dispositivo de seguridad, incluso, lo que es prestar el acompañamiento a las unidades. Sin embargo, hay algunos empresarios que han decidido no sacarlas”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, al canal 33 de la televisión local.
Confirmó que desde este lunes se puso en marcha un “dispositivo” de seguridad, que incluye patrullas en las zonas “más problemáticas” y en las terminales de autobuses.
“El llamado que yo quería hacer es que saquen sus unidades, que hay seguridad en la calle y que eso le va a beneficiar al pueblo salvadoreño”, dijo Melgar.
El ministro señaló que “se trata de amenazas”, de “llamadas telefónicas, chantaje”, pero indicó que “cuando se atreven a actuar son capturados”.
El ministro de Defensa, David Munguía Payés, ha dicho a medios locales que unos 2 mil soldados más se han sumado a las tareas de seguridad, en tanto que el comandante de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, estimó en 5 mil los agentes que esa institución ha destinado para resguardar las calles y el transporte.
Ascencio explicó al canal 33 que han sido capturados cinco presuntos responsables de la quema ayer de un microbús en Chalchuapa (oeste) y dos más señalados de incinerar una “mototaxi”, mientras que otros dos fueron detenidos como presuntos autores de un ataque con granada contra un retén policial.
El jefe de la delegación en el centro de San Salvador de la PNC, Gersan Pérez, indicó a Efe que la situación en esa zona capitalina se mantiene en calma, aunque se nota la disminución en la cantidad de rutas del transporte.
Según constató Efe, en el centro capitalino se observan menos vehículos del transporte colectivo, mientras que el comercio ha bajado su actividad, debido al cierre de varios establecimientos.
La MS y la M-18, las principales pandillas del país y tradicionalmente enfrentadas, exigen al Gobierno del presidente Mauricio Funes que no avale la “Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”, que el Parlamento aprobó el pasado 1 de septiembre.
La norma penaliza la pertenencia y financiación de esos grupos y eleva hasta diez años las penas de cárcel por ese delito.
San Salvador
EFE