Mano dura, cero tolerancia, contra la exclusión social
| Miércoles 30 abril, 2008
Mano dura, cero tolerancia, contra la exclusión social
He venido señalando que un Estado Democrático de Derecho debe basar su política de criminalidad y persecución punitiva, entendiendo que el derecho penal debe ser la última ratio, es decir el último recurso que debe usarse para resolver los conflictos en sociedad. Como ya desde el siglo XVIII, nos los señalaban algunos autores clásicos del derecho penal, entre ellos: Hugo Grocio y César Augusto Beccaria, lo mismo que autores del periodo de la Ilustración como Rousseau, lo que el Estado debe hacer para detener y disminuir efectivamente el crecimiento de la criminalidad, es invertir en políticas públicas que tengan por objetivo la parte preventiva del delito.
Los estudiosos de la criminología nos han demostrado desde muchos años atrás, que en la gran mayoría de los casos, la comisión de delitos, sobre todo los que más angustian a la sociedad, que son los cometidos contra la propiedad e integridad física de las personas, están estrechamente asociados a los niveles de pobreza de sus autores.
Tanto es así, que nos indica Dina Krauskopf, experta en el tema de delincuencia juvenil, que el 71% de los delincuentes juveniles costarricenses es analfabeto o no terminó la primaria, y que los delitos juveniles tienen motivaciones principalmente socioeconómicas, por carencia de opciones sociales integradoras.
Por ello es que reforzando las políticas de integración social, para que vengan a disminuir los factores de riesgo; como falta de acceso a la vivienda, educación, salud, mejores opciones de trabajo, es como realmente atacaremos el problema delincuencial en Costa Rica. Al rábano no hay que tomarlo por las hojas, se debe tomar por la raíz y por ello es que propongo una política criminal de mano dura, cero tolerancia pero contra la exclusión social.
También debemos replantear nuestras políticas sociales, para que estas no se conviertan en un compensatorio “eterno” a la falta de políticas públicas que potencialicen el desarrollo humano y eliminen las brechas de exclusión social. Debemos insistir en la necesidad de resolver los problemas desde su fuente de origen y no solo conformarnos con paliar sus consecuencias.
Alexander Mora Mora
Diputado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano
He venido señalando que un Estado Democrático de Derecho debe basar su política de criminalidad y persecución punitiva, entendiendo que el derecho penal debe ser la última ratio, es decir el último recurso que debe usarse para resolver los conflictos en sociedad. Como ya desde el siglo XVIII, nos los señalaban algunos autores clásicos del derecho penal, entre ellos: Hugo Grocio y César Augusto Beccaria, lo mismo que autores del periodo de la Ilustración como Rousseau, lo que el Estado debe hacer para detener y disminuir efectivamente el crecimiento de la criminalidad, es invertir en políticas públicas que tengan por objetivo la parte preventiva del delito.
Los estudiosos de la criminología nos han demostrado desde muchos años atrás, que en la gran mayoría de los casos, la comisión de delitos, sobre todo los que más angustian a la sociedad, que son los cometidos contra la propiedad e integridad física de las personas, están estrechamente asociados a los niveles de pobreza de sus autores.
Tanto es así, que nos indica Dina Krauskopf, experta en el tema de delincuencia juvenil, que el 71% de los delincuentes juveniles costarricenses es analfabeto o no terminó la primaria, y que los delitos juveniles tienen motivaciones principalmente socioeconómicas, por carencia de opciones sociales integradoras.
Por ello es que reforzando las políticas de integración social, para que vengan a disminuir los factores de riesgo; como falta de acceso a la vivienda, educación, salud, mejores opciones de trabajo, es como realmente atacaremos el problema delincuencial en Costa Rica. Al rábano no hay que tomarlo por las hojas, se debe tomar por la raíz y por ello es que propongo una política criminal de mano dura, cero tolerancia pero contra la exclusión social.
También debemos replantear nuestras políticas sociales, para que estas no se conviertan en un compensatorio “eterno” a la falta de políticas públicas que potencialicen el desarrollo humano y eliminen las brechas de exclusión social. Debemos insistir en la necesidad de resolver los problemas desde su fuente de origen y no solo conformarnos con paliar sus consecuencias.
Alexander Mora Mora
Diputado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano