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ANALISIS
Nuevos impuestos son solamente la mitad de la solución
LUCHA DE CLASES…O COMPROMISO
Estado tiene que eliminar una gran cantidad de privilegios
En el clásico de la lucha de clases, los pobres y los ricos combaten.
En Costa Rica, el conflicto es entre el sector privado y el Estado, para ver quién va a pagar los $2 mil millones que el Gobierno pierde en promedio cada año.
Necesitamos más dinero, con el fin de invertir en salud, educación y seguridad pública, asegura el Gobierno, que quiere que los ciudadanos y las empresas privadas paguen nuevos impuestos.
Por su parte, muchos costarricenses piensan que la educación pública no es mejor que hace cinco años, mientras que los hospitales y la seguridad son peores.
La razón real por la cual el Gobierno quiere aumentar los impuestos, dice el sector privado, es porque tiene demasiados empleados —así como demasiados exempleados— que ganan demasiado dinero.
Una manera de hacer que el Gobierno salga de deudas, es mediante la reducción de los puestos, así como de los beneficios del sector público.
El Estado no quiere hacerse más pequeño, tampoco renunciar a sus privilegios.
Pero el sector privado no quiere pagar más impuestos.
En este caso, podemos tener una lucha de clases —a pesar de que las guerras a menudo causan un daño mayor del que uno y otro lado esperan.
O bien, podemos llegar a un compromiso, en el que el sector privado pague más, mientras se encoge el Estado.
Un compromiso justo podría tener este aspecto...

REFORMA ESTATAL

El Estado tiene demasiados empleados, con demasiados privilegios.
La fuerza laboral del sector público aumentó en un tercio durante los últimos cinco años, a pesar de que la economía creció lentamente.
Los empleados públicos en muchos casos ganan salarios superiores a los de sus homólogos del sector privado —a veces hasta el doble— a pesar de que pueden estar haciendo el mismo trabajo.
Las pensiones de lujo pagan hasta $30 mil al mes a los burócratas jubilados, que en muchos casos han contribuido casi nada para el régimen, durante los años en que trabajaban.
Pero el Estado y sus empleados no son sagrados.
Si el sector privado tiene que contribuir al bienestar nacional mediante el pago de más impuestos, el Estado debe poner de su parte, haciéndose más pequeño y más responsable.
Las siguientes son algunas maneras en las que el Estado puede reformarse.

Recortar mano de obra

El Estado tiene que reducir su fuerza laboral.
Hay razones entendibles para algunas de las contrataciones recientes del Estado, incluyendo las de policías adicionales, en un país preocupado por la seguridad pública.
Sin embargo, muchas de las operaciones del Estado cuentan con exceso de personal.
La Caja, por ejemplo, añadió 11 mil trabajadores durante la administración anterior.
Por su parte, el Ministerio de Transportes tiene no menos de 3,9 mil empleados.
Pero la mayoría de los costarricenses piensa que los servicios de salud en años recientes han empeorado.
Por su parte, con la excepción de la Costanera Sur, el Ministerio de Transportes no ha construido ni una sola carretera importante en varias décadas.
En total, la fuerza laboral estatal aumentó en un 210% en la década anterior, mientas que la economía creció en tan solo un 54% en este lapso.
Normalmente, es difícil despedir a los empleados estatales.
Esto con el afán de evitar que muchas personas pierdan sus puestos por razones políticas, cada vez que hay elecciones.
Pero el Estado puede despedir a los funcionarios, cuando está perdiendo dinero.

Reducir duplicación

El Estado sería más eficiente si tuviera un menor número de personas, que hacen la misma cosa.
Se puede lograr esto, mediante la fusión de varias operaciones, así como al reducir el número de departamentos en los ministerios, y en las instituciones del Estado, que duplican muchas funciones.
Actualmente, la redundancia es común.
Dos ministerios son responsables de la tecnología, y Racsa ha hecho poco por ayudar al ICE, mientras que los consejos duplican varias operaciones dentro del Ministerio de Transportes, por citar solo algunos ejemplos.
Además, el Estado cuenta con departamentos independientes legales, así como de compras, contabilidad y de recursos humanos, en cada una de decenas de ministerios e instituciones, varias partes de los cuales deberían centralizarse.

Normalizar contratos laborales

Los empleados estatales tienen muchos beneficios, además de los estrictamente salariales.
En la mayoría de los casos, los privilegios incluyen un aumento, por cada año que la persona ha trabajado, junto con un premio de jubilación, y un pago mensual, por no tener un segundo trabajo.
El Estado quizás no puede cambiar las condiciones de los trabajadores actuales.
Sin embargo, los nuevos contratos laborales no deben incluir tantos privilegios.
Los funcionarios, por cierto, tienen el derecho de ganar un salario justo.
Pero no hay ninguna razón, por la cual tengan más beneficios, que el resto de la población.

Reducir aumentos

Los salarios del sector privado aumentaron en un 18%, en el periodo 2006-2011.
Mientras tanto, los ingresos de los funcionarios del Gobierno crecieron en un 48%, y el de los empleados de las instituciones autónomas en un 45%.
Sin embargo, no hay ninguna razón por la cual los trabajadores del Estado deban ganar más que el resto.

Gravar pensiones de lujo

Costa Rica cada año paga el equivalente de $1,2 mil millones en las pensiones de los exfuncionarios, principalmente del Ministerio de Hacienda, el departamento de Justicia y la Asamblea Legislativa.
Algunas pensiones son tan altas, como el equivalente de $30 mil al mes.
Sin embargo, los pensionados en la mayoría de los casos contribuyeron poco a sus cuentas de jubilación.
El resultado es que el costo anual para el sector público de este programa es de $1,1 mil millones.
Si el Gobierno no hace nada, el problema va a empeorar, en vez de mejorar.
Muchas de las pensiones de lujo fueron canceladas en 1988.
Pero hay miles de funcionarios, que califican para estos privilegios, y que todavía están trabajando.
A medida que se jubilan, se impondrán nuevos costos al sistema.
El Gobierno podría tener dificultades, al intentar eliminar los privilegios existentes.
Sin embargo, puede obligar a las pensiones de lujo, a pagar un impuesto de lujo.

Dar menos contratos de consultoría

La fuerza laboral del sector público es un tercio más grande de lo que era hace cinco años.
A pesar de ello, el Estado sigue gastando cerca de $500 millones al año en asesores externos.
Cambiar las reglas de trabajo para los empleados estatales es complicado.
Pero la reducción del costo de los contratos externos es fácil.
Salvo en el caso de una emergencia, el Estado simplemente debe —al menos por ahora— eliminarlos.

REFORMA FISCAL 2.0


El Estado costarricense necesita más dinero.

El rechazo de la reforma inicial por problemas legales, así como la dimisión del Ministro de Hacienda, implica que será difícil seguir con ese plan.
Sin embargo, guste o no, una parte del déficit del sector público tendrá que ser pagado con los impuestos adicionales.
En este caso, LA REPUBLICA propone la Reforma 2.0, basada en el plan del Gobierno, varios de cuyos aspectos son loables, sobre todo el intento de obligar a los distintos sectores de la sociedad a contribuir.
Sin embargo, algunas propuestas son bastante complicadas, mientras otras causarían más daño a la economía, que beneficio.
Las siguientes secciones comentan la propuesta anterior, a la vez que sugieren varios cambios, para contar con un plan sencillo, eficiente y justo.


LO BUENO


Incrementar ingresos personales

Era razonable, la reforma anterior, al proponer un aumento del monto pagadero por la gente, con el concepto del ingreso personal.
Los ricos contribuirían más.
Por otro lado, todavía pagarían mucho menos bajo este rubro, que sus homólogos en casi todas de las 33 economías desarrolladas del mundo, miembros de la OCDE.

Aumentar ingresos pasivos

Es también correcta, la propuesta anterior, que obligaría a pagar el mismo monto, en el caso de la mayoría de las ganancias de inversión —sobre todo intereses devengados por los bonos, y certificados de depósito.
Actualmente, los inversores pagan cuatro tasas diferentes, según el caso.
En lo que a la tasa se refiere, se trata del 15%, lo cual es razonable, según los estándares internacionales.

Racionalizar Impuesto de Ventas

Una reforma al sistema del impuesto de ventas es la forma más sencilla de generar nuevos ingresos para el Estado.
Además, distorsionaría menos la economía (el sistema actual favorece a las empresas de servicios, muchas de las cuales no tienen que cobrar este tributo, y perjudica a los productores de bienes, que deben exigirlo).
Al mismo tiempo, los cambios en esta área deberían ser sencillos.
Primero, debe haber solo dos tasas —completa y cero — en lugar de varios niveles distintos.
Segundo, debe permitir pocas exenciones, y no las 273 categorías anteriormente propuestas.
En cuanto al lapso se refiere, cualquier aumento en la tasa debe ser temporal.
El Gobierno dice que no quiere golpear demasiado a la gente de recursos limitados.
En este caso, no debería a la vez ampliar el número de actividades gravadas, e incrementar la tasa pagadera.
Un propósito de la reforma anterior supuestamente era el de reemplazar los ingresos perdidos, a causa de la recesión.
Sin embargo, las recesiones son temporales.
Por eso, una opción razonable sería aumentar la tasa al 15%, solamente para los próximos dos años, y bajarla de nuevo al 13%.

LO MALO


No tributar zonas francas

Suena mal el concepto que exonera el pago del impuesto sobre la renta, a las empresas orientadas a la exportación, mientras que las nacionales lo pagan.
Lamentablemente, la idea de gravar las zonas francas es igual de mala.
Costa Rica compite con muchos países para atraer empresas de este tipo, que invierten capital nuevo, y crean nuevos puestos de trabajo.
En este concurso, Costa Rica tiene varias ventajas.
Una mano de obra calificada y eficiente, puede hacernos competitivos en algunos casos, incluso si se grava a las empresas, que vienen aquí.
Pero en otros casos, una compañía extranjera puede preferir radicar en un país que ofrece la exención del impuesto.
En la medida que una empresa vaya a otra parte, Costa Rica pierde puestos de trabajo e inversión, así que el impuesto haría más daño que bien.

No gravar ganancias de capital

No hay nada malo en principio, con la imposición sobre la utilidad que una persona obtiene, a raíz de la venta de un bien.
Un impuesto a las ganancias de capital de hecho funciona bien en países ricos, donde muchas personas poseen amplia variedad de activos, incluyendo acciones corporativas y propiedades de inversión.
Pero este no es el caso de Costa Rica, donde el activo más común es una residencia personal, que quedaría exenta.
Como resultado, es bastante probable que los ingresos de un impuesto tal sean menores, que el costo de administrarlo.

No gravar ingresos mundiales

El concepto de gravar la renta sobre las utilidades generadas fuera del país, tiene poco sentido.
Solo unos pocos cientos de ricos y unas cuantas grandes empresas, tienden a mantener fondos significativos en el extranjero, así que no habría montos importantes para gravar.
Además, el propuesto impuesto mundial sería difícil de recaudar.
Bajo el plan propuesto, Costa Rica habría cobrado el impuesto sobre el monto repatriado por un residente desde otro país.
Pero nadie sabría si un monto traído al país sería utilidad —que estaría sujeta a impuestos— o un monto capital regresado —el cual estaría exento.

LO OBVIO


Cobrar tributos existentes

Si contara con más auditores capacitados, el Gobierno —en lugar de preocuparse tanto por inventar nuevos tributos complicados, pagaderos por la gente que ya cumple— podría hacer mucho más para combatir la evasión.
Actualmente, más de un cuarto de la actividad comercial costarricense no paga impuestos.
Por cierto, varios individuos, así como negocios pequeños, quedarían siempre por debajo del radar.
Sin embargo, el Gobierno debería obligar a muchas más personas a poner de su parte.

Fred Blaser
Co Presidente
República Media Group


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