Lucha contra crimen organizado recibe respiro
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 04 marzo, 2009
Lucha contra crimen organizado recibe respiro
Carlos J. Mora
cmorah@larepublica.net
La lucha contra el crimen organizado en el país tomó un nuevo brío.
Los diputados en el Congreso retomaron la discusión del proyecto de ley que pretende combatir dicho flagelo.
Las fracciones legislativas consensuaron la manera de cómo corregir los vicios que señaló el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
En enero esta dependencia del Congreso señaló que había disposiciones sancionatorias contra empresas de telecomunicaciones que obstruían la labor de las autoridades en escuchas telefónicas, donde “no se desarrolla de manera concreta en qué supuestos se aplicará el cierre y en cuáles no”, señala el informe.
Esto constituía una falta de seguridad jurídica y por tanto, una posible violación al principio de tipicidad administrativa, lo que podría implicar que el plan resultara inconstitucional.
El informe advertía además que el proyecto de ley no desarrollaba “el elenco de delitos en los que procede la intervención”, aunque sí los menciona.
De igual manera la fracción de la Unidad Social Cristiana se dio por satisfecha con la corrección de algunas mociones con las que discrepaba.
“Nuestra propuesta era que se defendieran cinco principios, el de la inocencia, debido proceso, derecho a la propiedad e intimidad”, argumentó Jorge Eduardo Sánchez, diputado rojiazul. El plan pretende tipificar nuevos delitos.
Carlos J. Mora
cmorah@larepublica.net
La lucha contra el crimen organizado en el país tomó un nuevo brío.
Los diputados en el Congreso retomaron la discusión del proyecto de ley que pretende combatir dicho flagelo.
Las fracciones legislativas consensuaron la manera de cómo corregir los vicios que señaló el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
En enero esta dependencia del Congreso señaló que había disposiciones sancionatorias contra empresas de telecomunicaciones que obstruían la labor de las autoridades en escuchas telefónicas, donde “no se desarrolla de manera concreta en qué supuestos se aplicará el cierre y en cuáles no”, señala el informe.
Esto constituía una falta de seguridad jurídica y por tanto, una posible violación al principio de tipicidad administrativa, lo que podría implicar que el plan resultara inconstitucional.
El informe advertía además que el proyecto de ley no desarrollaba “el elenco de delitos en los que procede la intervención”, aunque sí los menciona.
De igual manera la fracción de la Unidad Social Cristiana se dio por satisfecha con la corrección de algunas mociones con las que discrepaba.
“Nuestra propuesta era que se defendieran cinco principios, el de la inocencia, debido proceso, derecho a la propiedad e intimidad”, argumentó Jorge Eduardo Sánchez, diputado rojiazul. El plan pretende tipificar nuevos delitos.