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Martes 2 Agosto, 2011

Los verdaderos desafíos del agro

Bajo el título “Agricultores en problemas”, el editorial del 22 de julio de LA REPUBLICA aseguró que el sector está en ebullición y que, “de no recibir atención”, podría recurrir a medidas de presión. Coincido en que toda acción de hecho es inconveniente, en especial porque la gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se ha caracterizado, en la administración Chinchilla Miranda, por un diálogo organizado y sostenido con los distintos sectores agropecuarios nacionales.
Los costarricenses deben saber que los propios agricultores reconocen que nunca han tenido tanta buena comunicación con el gobierno, como la que mantienen ahora con el MAG. El diálogo es la única vía para encontrar soluciones y eso es lo que hemos hecho, tener una política de puertas abiertas. Ni un solo agricultor podría afirmar que el MAG le ha cerrado puertas para negociar. La mejor forma de resolver problemas es dialogando y, por supuesto, resolviendo.
El editorial señala que la Ley de Bienes Inmuebles, que pide a los municipios adoptar la Plataforma de Zonas Homogéneas, golpeará a los pequeños productores y podría condenarlos a engrosar cinturones de miseria, ya que el aumento del impuesto a la propiedad de la tierra resulta en muchos casos superior al 1.000%.
Con el fin de que el sector agropecuario tenga certeza jurídica de que sus propiedades serán valoradas adecuadamente y su contribución será acorde con su labor, elaboramos un proyecto de ley para un cobro diferenciado agropecuario, de acuerdo con el uso de la tierra y en cumplimiento con la Ley de Bienes Inmuebles. Esta ley fue negociada, redactada y afinada en negociaciones que el MAG y esta servidora particularmente realizó con apoyo decidido de representantes de todo el sector agrícola y está diseñada para evitar un cobro tributario injusto. Tiene criterios de uso y parámetros de valoración que impedirán que los pequeños productores puedan ser obligados a vender sus tierras.
El editorial dice que “muchos otros tópicos” impiden avanzar a los agricultores. Menciono dos casos específicos en lo que el gobierno actúa claramente.
El primero es el aumento en costos de producción. El costo de los insumos es un porcentaje importante, dependiendo del producto. En hortalizas, equivale al 30% del costo total. Lo curioso es que los insumos están exonerados de impuestos, además de que ya deberían haberse beneficiado de la apreciación del colón. El gobierno ya efectúa un estudio para conocer las causas del aumento de los insumos y adoptar medidas correctivas necesarias.
Otro tema es la legislación de recurso hídrico, que considere necesidades del sector productivo con un marco legal que proteja el agua, incorpore realidades de la producción y valore buenas prácticas agropecuarias. Una comisión del sector productivo, con participación del Minaet y que coordina el MAG, labora con toda seriedad en este asunto.
Hay temas como los que afectan el precio de los productos, en particular en periodo de cosecha, pues la oferta aumenta y tiene un efecto de baja del precio. El MAG ha dotado de muchos recursos a organizaciones—en especial horticultores—y redoblado acciones con los productores, para manejo “postcosecha” con capacidad de almacenar y procesar algunos de estos productos. El costo de insumos tiene aquí un impacto crucial. Más allá de la acción de gobierno, los productores deben planificar su producción y coordinar con centros de acopio para influir en el precio, al vender directamente en CENADA y ferias del agricultor, para mencionar unos ejemplos.
Con el diálogo como pieza clave, tenemos metas agropecuarias claramente definidas que no son de corto ni mediano plazo y que impulsan un desarrollo agropecuario sostenido, coherente y firme. Si todos aprovechamos las instancias de concertación, se evitará caer en maniobras con objetivos indefinidos.

Gloria Abraham P.
Ministra de Agricultura y Ganadería