"Los políticos nos traen los temas y nos critican por lo que fallamos"
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 19 julio, 2010
Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala IV, dice que a los políticos les molesta que se les giren órdenes
“Los políticos nos traen los temas y nos critican por lo que fallamos”
Contar con poder de sanción y dividir la Sala en dos son algunas de las reformas que sugiere la magistrada
Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala Constitucional, niega rotundamente que el máximo tribunal costarricense se meta en la cancha de los otros poderes de la República.
Por el contrario, asegura que actúa objetivamente y que la molestia y eventualmente los celos que se producen en la clase política, producto de las resoluciones de la Sala, se deben en parte a que corresponde a los magistrados halar el mecate a los funcionarios que no cumplen la ley.
De este y otros temas, habló con un equipo de LA REPUBLICA, la semana pasada en su despacho.
El 60% de los fallos de la Sala IV no se cumple, ¿cómo cambiar esta situación?
Deberíamos contar con la posibilidad de imponer multas a los funcionarios que no acatan los fallos.
Si se le da ese poder a la Sala IV, ¿podría generarse mucha suspicacia?
Podría suceder. Las sentencias que emitimos obligan a la clase política al cumplimiento de las resoluciones. Para efectos mediáticos, no es lo mismo ordenar a un diputado, a un ministro o incluso a la Presidenta de la República, que cumpla una sentencia, que a un ciudadano común. Estamos hablando de otro nivel.
A raíz del fallo relacionado con la ex diputada Maureen Ballestero, algunos legisladores han dicho que la Sala IV se extralimita en sus funciones, ¿es cierto?
Yo no sé por qué la Asamblea reaccionó de esa forma; no es la primera vez que la Sala ordena al Congreso modificar una normativa, se hizo con el referéndum y con la ley de notariado y no pasó nada.
¿Entonces por qué generó tanta polémica?
Tenemos de por medio el uso de fondos públicos en este caso. No es posible que funcionarios mal utilicen los recursos del Estado y que no estén sujetos a una sanción. Cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta de que la norma constitucional tiene un vacío y hay que llenarlo, por eso le dijimos a la Asamblea que legisle sobre el tema. Nunca le dijimos cómo hacerlo, solo señalamos los principios de transparencia y probidad que deben regir la función pública. Con la sentencia queremos evitar que un diputado cometa un abuso y este quede impune.
Otras órdenes emitidas por los magistrados han generado molestia y acusaciones de sobrepasar los límites que les corresponde, ¿habrá algo de celos?
Eventualmente pueden provocarse, pero no deberían tener cabida en un Estado de derecho como el que tenemos. Aquí no caben los celos, lo único que caben son los principios que aceptamos en la Carta Magna.
En días pasados, LA REPUBLICA conversó con José Miguel Corrales, uno de los creadores de la Sala, y dijo que este órgano se ha convertido en un monstruo, ¿qué opina al respecto?
En absoluto, si de algo nos cuidamos es de las decisiones e implicaciones que los fallos tienen en la sociedad, lo que pasa es que el tribunal constitucional toca las fibras del sistema político y al tocarlas, muchas personas se molestan, pero esa es nuestra labor.
¿Por qué se molestan? ¿Será acaso que los políticos son menos objetivos?
El problema es que tenemos una naturaleza diferente, ellos son políticos y nosotros jueces. El juez actúa de otra manera, tomamos decisiones. El político puede navegar en el problema y dejarlo muchas veces sin resolver. Algunas veces, los políticos nos critican, pero al poco tiempo, nos consultan e interponen reclamos, ese fue el caso del diputado Luis Fishman recientemente, que nos criticó por el fallo de Ballestero, pero después interpone una acción de inconstitucionalidad por el permiso a los buques de Estados Unidos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién nos trae los asuntos para resolver? ¿Quién nos metió en el TLC? Nos traen los temas y después se nos critica por lo que fallamos. Entonces, que ellos resuelvan sus asuntos allá y que no los traigan acá. Si estamos hablando de autocontención, podríamos los dos autocontenernos, pero si nos traen un asunto, deben ajustarse a las resoluciones que dicta la Sala.
Se ha criticado a la Sala por decidir sobre temas electorales. ¿Se han metido alguna vez los magistrados en esa materia?
No, porque se trata de derechos políticos. Al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde decidir sobre el proceso electoral.
¿Pero, por qué no está facultado para resolver estos temas si es un tribunal especializado en asuntos electorales?
Simplemente porque no tiene la facultad constitucional. Lo que se hace, es lo que dice la Constitución.
¿Es necesario hacer reformas a la Sala IV?
Sí. Además de darles seguimiento a las sentencias, hay que liberar al Tribunal de algunos asuntos. Por ejemplo, en casi todos los ordenamientos jurídicos, el amparo puede ser presentado después de acudir a la administración y no encontrar respuesta, mientras que en Costa Rica, se puede acudir al amparo, sin haber hecho el reclamo a la administración. Asimismo, se podría eliminar la consulta facultativa de los diputados a los proyectos.
¿Significa eso que la capacidad de la Sala ha sido desbordada?
Yo creo que sí. Me preocupa la gran cantidad de amparos que tenemos, porque desde el punto de vista del ciudadano, la administración no le está cumpliendo y la única instancia para lograr justicia es la Sala. Hay que aflojar la Sala de la recepción de algunos asuntos, pero a su vez, no hay que desproteger al ciudadano.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
“Los políticos nos traen los temas y nos critican por lo que fallamos”
Contar con poder de sanción y dividir la Sala en dos son algunas de las reformas que sugiere la magistrada
Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala Constitucional, niega rotundamente que el máximo tribunal costarricense se meta en la cancha de los otros poderes de la República.Por el contrario, asegura que actúa objetivamente y que la molestia y eventualmente los celos que se producen en la clase política, producto de las resoluciones de la Sala, se deben en parte a que corresponde a los magistrados halar el mecate a los funcionarios que no cumplen la ley.
De este y otros temas, habló con un equipo de LA REPUBLICA, la semana pasada en su despacho.
El 60% de los fallos de la Sala IV no se cumple, ¿cómo cambiar esta situación?
Deberíamos contar con la posibilidad de imponer multas a los funcionarios que no acatan los fallos.
Si se le da ese poder a la Sala IV, ¿podría generarse mucha suspicacia?
Podría suceder. Las sentencias que emitimos obligan a la clase política al cumplimiento de las resoluciones. Para efectos mediáticos, no es lo mismo ordenar a un diputado, a un ministro o incluso a la Presidenta de la República, que cumpla una sentencia, que a un ciudadano común. Estamos hablando de otro nivel.
A raíz del fallo relacionado con la ex diputada Maureen Ballestero, algunos legisladores han dicho que la Sala IV se extralimita en sus funciones, ¿es cierto?
Yo no sé por qué la Asamblea reaccionó de esa forma; no es la primera vez que la Sala ordena al Congreso modificar una normativa, se hizo con el referéndum y con la ley de notariado y no pasó nada.
¿Entonces por qué generó tanta polémica?
Tenemos de por medio el uso de fondos públicos en este caso. No es posible que funcionarios mal utilicen los recursos del Estado y que no estén sujetos a una sanción. Cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta de que la norma constitucional tiene un vacío y hay que llenarlo, por eso le dijimos a la Asamblea que legisle sobre el tema. Nunca le dijimos cómo hacerlo, solo señalamos los principios de transparencia y probidad que deben regir la función pública. Con la sentencia queremos evitar que un diputado cometa un abuso y este quede impune.
Otras órdenes emitidas por los magistrados han generado molestia y acusaciones de sobrepasar los límites que les corresponde, ¿habrá algo de celos?
Eventualmente pueden provocarse, pero no deberían tener cabida en un Estado de derecho como el que tenemos. Aquí no caben los celos, lo único que caben son los principios que aceptamos en la Carta Magna.
En días pasados, LA REPUBLICA conversó con José Miguel Corrales, uno de los creadores de la Sala, y dijo que este órgano se ha convertido en un monstruo, ¿qué opina al respecto?
En absoluto, si de algo nos cuidamos es de las decisiones e implicaciones que los fallos tienen en la sociedad, lo que pasa es que el tribunal constitucional toca las fibras del sistema político y al tocarlas, muchas personas se molestan, pero esa es nuestra labor.
¿Por qué se molestan? ¿Será acaso que los políticos son menos objetivos?
El problema es que tenemos una naturaleza diferente, ellos son políticos y nosotros jueces. El juez actúa de otra manera, tomamos decisiones. El político puede navegar en el problema y dejarlo muchas veces sin resolver. Algunas veces, los políticos nos critican, pero al poco tiempo, nos consultan e interponen reclamos, ese fue el caso del diputado Luis Fishman recientemente, que nos criticó por el fallo de Ballestero, pero después interpone una acción de inconstitucionalidad por el permiso a los buques de Estados Unidos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién nos trae los asuntos para resolver? ¿Quién nos metió en el TLC? Nos traen los temas y después se nos critica por lo que fallamos. Entonces, que ellos resuelvan sus asuntos allá y que no los traigan acá. Si estamos hablando de autocontención, podríamos los dos autocontenernos, pero si nos traen un asunto, deben ajustarse a las resoluciones que dicta la Sala.
Se ha criticado a la Sala por decidir sobre temas electorales. ¿Se han metido alguna vez los magistrados en esa materia?
No, porque se trata de derechos políticos. Al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde decidir sobre el proceso electoral.
¿Pero, por qué no está facultado para resolver estos temas si es un tribunal especializado en asuntos electorales?
Simplemente porque no tiene la facultad constitucional. Lo que se hace, es lo que dice la Constitución.
¿Es necesario hacer reformas a la Sala IV?
Sí. Además de darles seguimiento a las sentencias, hay que liberar al Tribunal de algunos asuntos. Por ejemplo, en casi todos los ordenamientos jurídicos, el amparo puede ser presentado después de acudir a la administración y no encontrar respuesta, mientras que en Costa Rica, se puede acudir al amparo, sin haber hecho el reclamo a la administración. Asimismo, se podría eliminar la consulta facultativa de los diputados a los proyectos.
¿Significa eso que la capacidad de la Sala ha sido desbordada?
Yo creo que sí. Me preocupa la gran cantidad de amparos que tenemos, porque desde el punto de vista del ciudadano, la administración no le está cumpliendo y la única instancia para lograr justicia es la Sala. Hay que aflojar la Sala de la recepción de algunos asuntos, pero a su vez, no hay que desproteger al ciudadano.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net