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Viernes 25 Febrero, 2011

Los fondos y gastos públicos

En los últimos tiempos se ha estado en discusión sobre el inadecuado manejo de los fondos públicos y sobre aportes recibidos del exterior como los recursos del Banco Centroamericano.
En el manejo de los fondos públicos se deberían tener presente el marco legal y especialmente el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública que establece el principio de legalidad.
En el sector público solo se puede realizar lo que el marco legal permite. El artículo 66 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos considera el principio de “caja única”, lo que determina que todos los recursos forman un fondo único y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General define el concepto de fondos públicos.
Me llama la atención con esas disposiciones y otras del amplio marco legal, en situaciones que considero ha habido un mal manejo de los fondos públicos, que no se hayan establecido responsables ni una adecuada rendición de cuentas.
En el caso de los recursos provenientes del exterior por donaciones o convenios, si hay vacíos legales, se debería establecer un claro marco en ese sentido que regule todo lo referente al manejo de esos recursos.
Se establece que hay un déficit en el sector público, y que los recursos no alcanzan para atender todos los requerimientos, por lo que se debe afrontar la reforma tributaria, es decir la política del sube sube, que señaló en muchas oportunidades la ilustre ex diputada, ya fallecida, Doña Niní Chinchilla.
No obstante, se debe hacer un análisis integral de elementos como la evasión fiscal, el gasto público, el establecimiento de prioridades, el lograr que el plan presupuesto sea realmente la expresión en el corto plazo de los Planes de Desarrollo y de los planes estratégicos institucionales.
No hay, además, un adecuado control de gastos innecesarios en publicidad, en viajes y en gastos de representación.
Pero es fundamental realizar una reforma o reestructuración del sector público donde existen más de 300 entidades, y en caso del sector social existen muchas instituciones para combatir la pobreza, sin embargo los resultados no llegan.
Inclusive, en algunos años, varias de esas entidades han tenido superávit o recursos sin utilizar, a pesar de que existen costarricenses que no pueden llenar sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y educación y de que actualmente el índice de pobreza es un 21,4%, es decir, un millón de costarricenses son pobres y de ellos un 6% vive en pobreza extrema.
Para analizar el accionar del sector público se debería aplicar el criterio de pertinencia que establece el modelo canadiense de rendición de cuentas y que permite conocer si los programas o toda la entidad tienen vigencia o no; es decir, si su razón de ser se justifica o no.
Al respecto se analiza si los problemas que se pretendían resolver han sido superados o asumidos por otros programas o entidades. Se puede indicar que corresponde a la medida en que un programa o entidad sigue respondiendo a los problemas o condiciones previstas. Se consideran aspectos como condiciones de los problemas antes y así como demandas de los servicios.

Lic. Bernal Monge Pacheco
Consultor