Los tiempos cambian y para los señores magistrados también

Los tiempos cambian y para los señores magistrados también

Las vueltas que da la vida, como dice la canción de Gloria Estefan, en 2012 se conjeturaba que se había dado un golpe de estado por la no reelección de un magistrado y hoy tenemos una revuelta por el trato desigual dado en la sanción a cuatro magistrados de la Sala III. En 2012 se consideraba un irrespeto a la división de los poderes el no reelegir un magistrado en la Asamblea Legislativa, hoy es urgente la intervención de la Asamblea Legislativa para modificar la Constitución Política y romper con la continuidad o nombramientos vitalicios de algunos magistrados.

El artículo 157 de la Constitución Política le da la competencia a la Asamblea Legislativa de elegir a los magistrados, el artículo 158 constitucional establece el plazo de nombramiento por un periodo de ocho años y su reelección automática salvo que en votación no menor a dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, es decir 38 diputados, no reelijan al magistrado(a) y el artículo 165 regula el tema disciplinario, las sanciones deben ser tomadas por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en votación secreta y por dos tercios del total de sus miembros.

Ante los acontecimientos actuales y las controversias de la última década, me di a la tarea de leer actas de la Asamblea Constituyente relacionadas al tema de nombramiento de las y los magistrados, concretamente el acta N°17, del 16 de febrero de 1949, los constituyentes emitieron un dictamen, suscrito por los señores Facio, González Herrán y Desanti concerniente a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre las discusiones se debatía, si la Asamblea Legislativa debía ratificar la elección hecha por la Junta de Gobierno de los señores magistrados que integraban la actual Corte Suprema de Justicia, algunos consideraban que era innecesario puesto que eran facultades de la Junta en su condición de Gobierno de Facto, otros como el diputado Ortiz mantenían la posición de que la Asamblea debía ratificar los nombramientos dada la importancia del Poder Judicial, como fundamento sobre el que descansa la justicia.

Es importante rescatar la posición del diputado Arias Bonilla que defendía su tesis fundada en que “Debemos mantener en nuestro país la confianza en nuestro Tribunales de Judiciales. La entidad Poder Judicial de mantenerse en toda su fuerza para que la confianza del país en La Corte Suprema de Justicia perdure; los fallos de los jueces podrán no ser buenos a veces pero siempre son dictados con toda honradez y nosotros de ninguna manera podemos falsear las bases de la confianza popular en esos fallos”. Finalmente nuestros constituyentes aprobaron el dictamen para que la Asamblea Legislativa ratificará los nombramientos de los magistrados formalizados por la junta de Gobierno.

Es lamentable observar como la institucionalidad del país se debilita, con la pérdida de credibilidad en el Poder Judicial, que no cumple con la visión externada por el diputado constituyente Arias y otros en 1949, relacionada a la confianza que debemos depositar en el administrador de la Justicia.

No es un secreto para los costarricenses que los asuntos dentro del Poder Judicial no caminan de la mejor manera, hace un buen tiempo se ventilan las dificultades y juegos de poder a lo interno de la institución.

Los tiempos cambian y muchas veces no queremos ver la realidad, los magistrados y magistradas deben tener claro que los medios de comunicación, redes sociales y la ciudadanía en general, les observan de manera cercana y constante como servidores públicos que deben cumplir con un mandato el cual extrañamos hace buen tiempo los costarricenses, como lo es la justicia pronta y cumplida, misma reflejada en la mora y lentitud judicial. Se deben despojar de la zona de confort, de los privilegios y aún más de los excesos que existieron en el pasado, se debe tener claridad que sus nombramientos no son vitalicios y ahora más que nunca requieren la mayor honestidad, objetividad, responsabilidad, contundencia y transparencia en su accionar.

A los señores y señoras diputados les deseo el mayor de los éxitos en las reformas urgentes que requiere nuestra Constitución Política para dar mayor transparencia a los procesos disciplinarios de los magistrados(as), y evitar la reelección automática, sin realizar la debida evaluación del desempeño y resultados de los señores y señoras magistradas.

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