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Todos los lunes, el exalcalde de Vancouver Kennedy Stewart recibía un correo electrónico con una lista de todas las personas que habían muerto en la ciudad por sobredosis la semana anterior.
Un día, hace tres años, esa lista incluía el nombre de alguien que conocía, la hermana de su cuñado.
"Murió aquí en la calle a las dos de la mañana", le dice Stewart a la BBC en su oficina, apuntando por la ventana.
"Cuando esto llega a tu familia, te das cuenta cuán dramática es toda esta situación".
América del Norte se encuentra en medio de una crisis muertes por sobredosis de drogas duras.
En Canadá, en ningún lugar este problema se siente más agudamente que en la Columbia Británica, donde la crisis fue declarada como emergencia de salud pública ya en 2016.
Se estima que alrededor de 225.000 personas consumen drogas ilegales en la región, que en 2023 registró un récord de más de 2.500 muertes por sobredosis.
Los expertos afirman que el suministro de drogas callejeras tóxicas, mezcladas con fentanilo y otros productos, agrava drásticamente la situación.
En un intento por abordar la crisis, en enero de 2023 la Columbia Británica se convirtió en la primera (y única) provincia de Canadá en despenalizar la posesión de una pequeña cantidad de drogas duras, para "reducir las barreras y el estigma" que impiden a las personas con adicción grave pedir ayuda o tratamiento que les salve la vida.
El programa -que se ejecutará con carácter piloto hasta 2026- permite a los adultos poseer hasta 2,5 gramos de heroína, fentanilo, cocaína o metanfetamina sin ser arrestados, acusados ni confiscados, excepto en las cercanías de escuelas y aeropuertos.
Pero con poco más de un año de vida, el proyecto se ha visto sometido a una presión cada vez mayor por parte de algunos residentes y opositores políticos, quienes lo han calificado como un "experimento dañino" implementado sin salvaguardias para el público, que "ha fracasado por completo" en reducir las muertes por sobredosis de drogas.
La Columbia Británica presentó en respuesta un proyecto de ley que ampliaría los lugares donde está prohibido el consumo de drogas para incluir no sólo escuelas y aeropuertos, sino también parques infantiles y las cercanías de hogares y negocios.
Pero la medida fue bloqueada por la Corte Suprema de la provincia alegando que causaría "daño irreparable" a las personas que consumen drogas.
Ahora los partidarios de la despenalización temen que la aceptación pública de la medida se esté desgastando.
"Es realmente desafortunado", indica Fiona Wilson, subjefa del Departamento de Policía de Vancouver, quien también es presidenta de la Asociación de Jefes de Policía de la Columbia Británica.
"Al fin y al cabo, todos remamos en la misma dirección con respecto al hecho de que no queremos criminalizar a las personas por su consumo de drogas, ya que debería tratarse como una cuestión de salud", señala.
El debate se ha intensificado en todo el país.
En Port Coquitlam, un suburbio de 60.000 habitantes al este de Vancouver, un altercado durante la fiesta de cumpleaños de un niño fue "la gota que colmó el vaso" para el alcalde Brad West.
West le contó a la BBC que una familia había visto a una persona consumiendo drogas cerca de la fiesta, celebrada en un parque local. Al ser confrontada, la persona se negó a irse, dijo.
"Esto es inaceptable", afirmó, recordando que la policía tiene derecho a intervenir en esa situación.
En otros lugares surgieron historias sobre los artefactos para consumir drogas encontrados en parques y sobre perros que ingirieron accidentalmente opioides dejados por el suelo.
En junio, Port Coquitlam aprobó por unanimidad sus propios estatutos para restringir parte del consumo público de drogas. Otras jurisdicciones han seguido el ejemplo.
La despenalización se basa en el argumento de que la guerra contra las drogas ha fracasado. Sus partidarios piensan que arrestar a personas con adicción grave y confiscar sus drogas podría aumentar su probabilidad de sufrir una sobredosis al obligarlas a buscar otras drogas que puedan ser letales.
Tener antecedentes penales también puede impedirles encontrar un trabajo estable, lo que reduce las posibilidades de recuperación.
"Me encarcelaron durante nueve meses por medio gramo de cocaína", relató Guy Felicella, un defensor del proyecto, que se recuperó de la adicción a las drogas después de sufrir seis sobredosis en 2013.
La despenalización, explica, me habría ayudado a reducir su miedo a ser castigado legalmente, un miedo que lo obligó a consumir en privado, fuera de la vista de alguien a quien podría haber pedido ayuda si sufría una sobredosis.
Portugal, donde las drogas fueron despenalizadas en 2001, tiene tasas de mortalidad por drogas significativamente más bajas que las de otros países.
Su éxito inspiró los esfuerzos, tanto en la Columbia Británica como en el estado estadounidense de Oregón, que despenalizó las drogas en 2020.
Pero en los tres lugares, la medida ha despertado rechazo, y en Oregón, los legisladores votaron en marzo para revertirla por completo después de que se la culpara de un aumento en el desorden público y el consumo de drogas.
En la Columbia Británica, el impulso del gobierno para revisar su política de despenalización fue cuestionado ante los tribunales por temor a que condujera a un "mayor riesgo de muerte por sobredosis".
Hasta ahora, los tribunales se han puesto del lado de ese argumento, un resultado que ha provocado reacciones mixtas.
Para el alcalde West, los tribunales "no tienen contacto con la situación real".
"Este enfoque en el 'daño irreparable' a un determinado grupo ignora el daño que les causa a otros al permitir el uso desenfrenado de drogas en público", afirmó.
Es un tipo de argumento que, según la jefa forense de la provincia, no tienen eco en la realidad.
"No hay pruebas que sugieran que el público en general esté en riesgo por el uso público de drogas.
"No es cómodo ver a la gente consumir drogas en público", dijo Lisa Lapointe en una entrevista con el medio de comunicación local CityNews en enero.
"¿Pero quién se siente peor, quiénes podemos regresar a nuestros cálidos hogares... o aquellos que viven sin hogar y que están tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera posible?".
En el Downtown Eastside de la ciudad de Vancouver, un barrio histórico que lleva mucho tiempo lidiando con problemas sociales como la pobreza y el consumo de drogas, los defensores de la despenalización han acusado a los políticos de sembrar "pánico moral".
"Convertir a los consumidores de drogas en chivos expiatorios y vilipendiarlos ha sido [históricamente] una muy buena fuente de votos", opina Garth Mullins, miembro de la Red de Usuarios de Drogas del Área de Vancouver.
No hay datos sobre cuánto ha aumentado el consumo público en la Columbia Británica después de la despenalización, pero ha habido una caída del 76% en los cargos por posesión de drogas en el primer año de aplicación de la política.
Los datos también muestran que ha aumentado el uso de servicios de control de drogas, donde las personas pueden acudir para analizar sus drogas y detectar si contienen fentanilo u otras sustancias, y de sitios de prevención de sobredosis, donde las personas pueden consumir drogas bajo supervisión.
La tasa de mortalidad, sin embargo, ha seguido aumentando.
Desde la despenalización, las muertes notificadas por toxicidad relacionada con los opioides aumentaron casi un 5%.
Pero Lapointe también descartó cualquier vínculo entre la despenalización de las drogas y ese aumento, asegurando que "el fentanilo ilícito es responsable" de las muertes.
Stewart, alcalde de Vancouver de 2018 a 2022, y quien impulsó inicialmente la despenalización, perdió su candidatura a la reelección por 23.000 votos frente a Ken Sim, un candidato de centroderecha que hizo campaña con la promesa de contratar más agentes de policía y despejar los campamentos de personas sin hogar en el centro este de Vancouver.
Sim también apoya la iniciativa de la provincia para restringir parte del consumo público de drogas, lo que indica un cambio político en la principal metrópolis.
En una declaración a la BBC, Sim indicó que es necesario lograr un "delicado equilibrio" entre el apoyo a las personas con adicción grave y "mantener las zonas seguras para los niños y las familias".
Stewart cree que los habitantes de Vancouver han cambiado en los últimos años, y que el aumento de los precios de la vivienda y los crecientes costes por la inflación han hecho que las personas se aíslen más.
Algo que no ha cambiado, aclara, es la gravedad de la crisis de las drogas.
"Esos correos electrónicos todavía llegan a la bandeja de entrada del nuevo alcalde todos los lunes", concluye.
