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Lunes, 17 de enero de 2022



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Ligereza de Fiscalía pasa cara factura

Manuel Avendaño mavendano@larepublica.net | Miércoles 19 febrero, 2014

“Las persecuciones terminaron con esta resolución del Juzgado Penal que archiva el caso, no hay nada en mi contra”, afirmó Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República. Gerson Vargas/La República


Costos para Estado e implicados van más allá de lo económico

Ligereza de Fiscalía pasa cara factura

Sobreseído expresidente Miguel Ángel Rodríguez por caso de reaseguros

Problemas en la elaboración de la acusación, falta de pruebas contundentes y errores en procedimientos terminan por archivar casos judiciales, como resultado de fallas cometidas por el Ministerio Público.

Quedar sobreseídos, aunque con la opinión pública en contra, es la factura para Miguel Ángel Rodríguez, así como otros ocho exfuncionarios.
Ellos fueron investigados por recibir en apariencia, unos $2 millones, provenientes de la reaseguradora inglesa PWS.
Además, en la acusación se hablaba de comisiones y financiamiento de viajes otorgados por las firmas corredoras Willis y Guy Carpenter, hace más de una década a exfuncionarios.
Sin embargo, en la etapa de audiencias preliminares, la Fiscalía presentó dos peticiones de apertura de juicio, que tenían errores graves para imputar a los señalados.
Esto se pudo evitar, si la Fiscalía hubiera tenido un mejor manejo de la investigación.
En este caso, la fiscal que tomó el expediente en la fase final —noviembre a la fecha— identificó errores y fallas cometidos por el Ministerio Público, durante los casi diez años que se prolongó la investigación.
Esta apreciación fue compartida por la jueza, que desechó la acusación.
“La relación de hechos de la acusación contiene referencia a aspectos generales, pero en concreto no se dice cuál es la acción desplegada por cada uno de ellos, en particular en el caso de Rodríguez Echeverría”, agrega la resolución judicial.
El mecanismo que se utilizó para conseguir pruebas bancarias de otros países como Panamá y Estados Unidos también resultó ser inadecuado, lo que ocasionó que se rechazaran en el proceso.
“Es criterio de esta juzgadora que no es posible dictar el auto de apertura de juicio tal y como lo solicita el Ministerio Público por el delito de peculado en razón de los graves defectos formales que contiene la acusación, defectos que fueron advertidos”, explica la resolución de Roxana Burgos, jueza del caso.
En tanto, el Ministerio Público asegura tener pruebas suficientes para apelar, y considera que existen vicios en la sentencia dada ayer por el juzgado penal.
Asimismo, si se concediera la apelación a favor de la Fiscalía nuevamente, tendría que subsanar los errores para que se pueda elevar el caso a juicio.
Por otro lado, trascendió que esta investigación habría costado más de $1 millón al INS en viajes, contratación de profesionales y otros rubros de apoyo a la Fiscalía durante casi una década.
“Nosotros presentamos un informe ante la jueza donde comprobamos que el INS gastó esa cantidad de dinero en la investigación”, señaló Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
Pero los errores en diferentes casos judiciales por parte de la Fiscalía no son nuevos.
La gravedad es que la falla se presenta también en otros casos relevantes.
En el juicio Caja - Fischel también fue anulada la prueba de Panamá, ya que por conseguirla, rápido se cometieron errores.
En esa oportunidad, los fiscales del caso viajaron a Panamá para estar presentes en la recolección de la prueba y no se realizó la solicitud necesaria ante un juez lo que se interpretó como un irrespeto al debido proceso en una resolución de la Sala Constitucional sobre el caso.
Finalmente, la eliminación de la prueba panameña terminó por afectar también el caso ICE - Alcatel, en el que además se dio un problema de procedimiento en asuntos de tramitación compleja lo que alargó el proceso.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net
@MavendanoLR





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