Licencia para pesca de arrastre sostenible se niega a morir
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La pesca de arrastre de camarón vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que el proyecto de ley que permitiría emplear esta técnica de forma sostenible fuese enviado a consulta a la Sala Constitucional.

El proyecto enfrenta a grupos ambientalistas, diputados y el Gobierno, dado que los primeros aseguran que no hay forma de que se pueda aplicar esta técnica de forma sostenible.

El Gobierno y algunos diputados aseguran que este tipo de pesca es una fuente importante de empleo en las zonas costeras, por lo que su prohibición se traduciría en pobreza para muchas familias.

Los grupos de pequeños pescadores incluso han acudido al Congreso para presionar por el proyecto, aunque la técnica sea también utilizada por las grandes embarcaciones que practican pesca industrial.

Sin embargo, el meollo del asunto es la sostenibilidad ambiental, ya que la misma Sala declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad donde se impugna la frase “con red de arrastre” en la Ley de Pesca y Acuicultura.

Los magistrados también resolvieron que esta actividad debía regularse por ley, cerrando así un portillo para las licencias emitidas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

En este escenario, quedó en manos de los diputados su futuro, quienes aprobaron el 21 de marzo en primer debate un proyecto para la pesca sustentable de camarón que data de 2013, a pesar de que no es claro sobre cómo proteger el ambiente, según los expertos.

“La pesca de arrastre sostenible es tan solo un maquillaje, ya que el recurso se explota de la misma manera que la pesca de arrastre común. Los controles que plantea Incopesca, como el monitoreo satelital, no se pueden hacer de forma permanente por falta de recursos”, dijo Henry Picado, presidente de la Federación para la Conservación de la Naturaleza.

"No hay un estudio científico que demuestre que esto se pueda hacer de forma sostenible. En el momento que así sea, obviamente nosotros aceptaríamos”, expresó Jorge Jiménez, director general de la fundación MarViva.

Karla Prendas, diputada impulsora del proyecto en el Congreso, incluso admitió que la iniciativa no cumple con los estándares ambientales; sin embargo, aseguró que no tenían otra alternativa para resolver el problema de desempleo para quienes perdieron sus licencias o se vieron afectados por el fallo de la Sala.

“Entiendo que no es un tema ni sexi ni popular, pero es una realidad. Alguien tiene que buscar una solución… no se puede extinguir la gente que vive de esto”, expresó la legisladora.

Distinto criterio tiene Gustavo Meneses, presidente de Incopesca, quien aseveró “que toda actividad pesquera puede desarrollarse de forma sostenible”.

“Las organizaciones ambientalistas están totalmente erradas en su apreciación. Solo en Indonesia la pesca de arrastre es ilegal”, declaró el dirigente.

Entre los requisitos que deben cumplir los pescadores en el proyecto de ley de pesca sustentable se encuentra la utilización de mallas con excluidores para peces y tortugas, especies que son víctimas indirectas de esta práctica.

Asimismo, Incopesca haría un monitoreo satelital de las embarcaciones para asegurarse de que cumplan con la veda, recurso que reforzarán con una inversión de $40 mil en software.

Las licencias vigentes para la pesca de arrastre se vencen en junio y dependerá de la Sala su renovación y la emisión de más permisos.

La pesca de camarón vía arrastre da empleo a 700 personas en la costa del Pacífico, según datos de Incopesca.

Los números de la pesca de arrastre

La pesca de arrastre consiste en un práctica de captura industrializada del camarón mediante una red que barre el fondo del mar.

  • Dura de dos a cinco horas
  • El 80% de lo pescado es incidental (especies que no son camarones)
  • Entre 2007 y 2013 ha disminuido en un 45%
  • Se pescaron 360 mil kilos de camarón en 2013
  • Cada licencia genera en promedio 20 empleos
  • El 80% de los empleos generados no alcanza salario mínimo
  • Crea 700 empleos en la costa del Pacífico


Fuentes: UNA, Fecon y MarViva


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